La Convención de los Derechos del Niño tiene rango constitucional desde 1994, cuando fue incluida en la Constitución Nacional. En el año 2005, la Ley 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” estableció la responsabilidad del Estado como garante del ejercicio y disfrute pleno y permanente de los derechos reconocidos. En este mismo sentido, a partir del año 2009, se instauró primero mediante un decreto y luego por ley en 2015, la Asignación Universal por Hijo, que significó una ampliación del régimen de Asignaciones Familiares para hijos/as de trabajadores/as no registrados o que perciban una remuneración inferior al salario mínimo vital y móvil. Ya muy cerca del cumplimiento de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, cabe preguntarse por el rol de la política pública con relación a la infancia y la adolescencia, indagando los impactos de la política aplicada respecto de la situación heredada en 2015.