El proyecto de Ley de Presupuesto 2019 que presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación en el día de hoy modifica la regulación de las reestructuraciones de deuda pública, eliminando los requisitos impuestos actualmente al Poder Ejecutivo.
La primera semana del 2017 vino acompañada de una serie de modificaciones en el esquema macroeconómico del país pero a su vez, y en mayor medida, por grandes acontecimientos en la escena económica internacional.
El 12 de junio del 2018, el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne juntamente con el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, firmaban el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) por el cual solicitaban al Fondo Monetario Internacional la aprobación de un Acuerdo Stand-By por un período de 36 meses y por un monto de USD 50.000 millones, que es el equivalente a 35.379 DEG, la sigla que expresa los Derechos de Giro. Aquel acuerdo tenía carácter preventivo, ya que consistía en un desembolso inicial de USD 15.000 millones y el resto utilizable sólo de ser necesario en subsiguientes revisiones.
El pasado martes 9 de enero, luego de una gran expectativa generada a partir de la modificación de la meta de inflación prevista para 2018, el BCRA resolvió una reducción cosmética de la tasa de política monetaria (el centro del corredor de pases a 7 días) de tan sólo 75 puntos básicos, ubicándola en un 28%.
Aquella revisión al alza de la meta de inflación para 2018, se dio en un marco de incumplimiento de la meta para 2017, en virtud de una inflación acumulada en el año pasado de 24,8% a nivel nacional y 25% en el GBA (INDEC-IPC), contrastante con únala meta fijada que tenía un piso de 12% y un techo del 17%. Es decir que la inflación observada más que duplicó el piso de la meta, superó en 5,8 puntos porcentuales al techo, y se suma al incumplimiento en 2016.
Finalizado el año 2018, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizamos las ampliaciones y reducciones de las partidas, así como la participación de cada una de las áreas y la ejecución del presupuesto 2018.
Mientras aguardamos la publicación del Staff Report correspondiente a la revisión del viernes 12 de julio por parte del Fondo Monetario Internacional, la cual habilitaría un nuevo desembolso, el presente informe analiza el funcionamiento del organismo y el acuerdo con la Argentina en el marco de la reciente salida de Christine Lagarde para su eventual conducción del Banco Central Europeo. Asimismo, se analiza la herencia de Lagarde conduciendo al Staff técnico del organismo, en sus revisiones de la economía argentina, revisando aciertos y errores en proyecciones y metas.
A lo largo de los años, la política de desendeudamiento implementada hasta 2015 permitió la reducción progresiva del peso de los intereses de deuda. La decisión política volcada en el presupuesto muestra que desde 2009 no se destinó más de 10% del presupuesto de gastos a atender los intereses de la deuda, incluso llegando en 2016 (en el presupuesto realizado en 2015) a sólo el 6,6%. Sin embargo, en 2017 el presupuesto aprobado superó el 10%, cambiando la dinámica de la curva.
El Gobierno Nacional ha utilizado la emisión de deuda externa -con el 81% de colocaciones en moneda extranjera según informan los datos oficiales de Hacienda a mitad de 2019- como el único mecanismo para atender las cuentas públicas que han sido fuertemente afectadas por las propias políticas de ajuste y consecuente recesión. Esta lógica en relación a los usos del endeudamiento no es novedosa en la historia argentina, sino que remite al periodo de Valorización Financiera 1976-2001. El endeudamiento se utiliza para atender un creciente déficit fiscal provocado por la caída de la recaudación y de la actividad económica y por la quita de impuestos a sectores concentrados, y al mismo tiempo se destina al repago de los vencimientos de deuda y al financiamiento de la fenomenal fuga de capitales.
Autora: Magdalena Rúa.
Hace algunos días el actual Ministro de Finanzas, Luis Caputo, indicó: “tres de cada cuatro veces que hemos emitido deuda, ha sido para cancelar deuda". Estas declaraciones efectúan una doble operación. Por un lado, argumentan que el endeudamiento responde a una “pesada herencia” de elevados vencimientos y, por ende, el aumento de las obligaciones financieras resultaría ajeno al modelo económico que lo sustenta. Por otro, las declaraciones de Caputo omiten deliberadamente que, incluso en un contexto como el actual donde la baja en las tasas favorecería un roll-over de deuda, no hay ninguna necesidad de re-financiar la totalidad de los compromisos con nueva deuda. Incluso en las condiciones actuales del país sería posible sostener un proceso de desendeudamiento con utilización de reservas compuestas por dólares obtenidos por vías más genuinas (por ejemplo, el saldo comercial). Desde ya, esta última opción no es la adoptada por la gestión de Cambiemos.
Las recientes intervenciones del Banco Central de la República Argentina – BCRA- con la venta de 1.471,7 millones de dólares en la plaza cambiaria el día 25 de abril, y otros 853 millones de dólares el 26 de abril –que arrojaron, sin embargo, un cierre del dólar minorista en alza a $20,837- colocaron en el centro de la escena el cíclico debate sobre las determinaciones del movimiento del tipo de cambio y, particularmente, sobre la problemática de la restricción externa en una economía periférica como la Argentina.
A mediados de abril de 2019, el Gobierno decidió relanzar los créditos Anses. Del mismo modo que en 2017, este relanzamiento se produce en el marco de una sensible caída del poder adquisitivo y en la previa del proceso electoral, lo que genera la pregunta que da sentido a este informe ¿Los créditos Anses apuntan a reactivar el consumo o su finalidad se acota al impacto que puedan tener en términos electorales?
Como hemos detallado en nuestro último informe La reciente suba del dólar en la plaza local: consecuencias del modelo, el actual esquema planteado por la gestión económica de Cambiemos, basado en la desregulación, liberalización, apertura, endeudamiento y fuga de dólares, agrava sensiblemente los cíclicos problemas de restricción externa de la economía argentina, tornándola más dependiente de los dólares financieros y más expuesta a las turbulencias. Ante elementos coyunturales como la suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos o la entrada en vigencia del resistido impuesto a la renta financiera para extranjeros, el esquema conduce a una encerrona: las únicas dos soluciones posibles son devaluar o entregar las reservas. Es importante destacar que estas reservas provienen exclusivamente del endeudamiento externo y que, incluso vendiendo el 100% de las mismas, no alcanzan para pagar ni el 50% de la deuda contraída en estos dos últimos años.