El proyecto de Ley de Presupuesto 2019 que presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación en el día de hoy modifica la regulación de las reestructuraciones de deuda pública, eliminando los requisitos impuestos actualmente al Poder Ejecutivo.

Hace algunos días el actual Ministro de Finanzas, Luis Caputo, indicó: “tres de cada cuatro veces que hemos emitido deuda, ha sido para cancelar deuda". Estas declaraciones efectúan una doble operación. Por un lado, argumentan que el endeudamiento responde a una “pesada herencia” de elevados vencimientos y, por ende, el aumento de las obligaciones financieras resultaría ajeno al modelo económico que lo sustenta. Por otro, las declaraciones de Caputo omiten deliberadamente que, incluso en un contexto como el actual donde la baja en las tasas favorecería un roll-over de deuda, no hay ninguna necesidad de re-financiar la totalidad de los compromisos con nueva deuda. Incluso en las condiciones actuales del país sería posible sostener un proceso de desendeudamiento con utilización de reservas compuestas por dólares obtenidos por vías más genuinas (por ejemplo, el saldo comercial). Desde ya, esta última opción no es la adoptada por la gestión de Cambiemos. 

El Presupuesto no sólo es una ley que se discute y aprueba anualmente en el Congreso de la Nación y permite otorgar un marco institucional a las decisiones económicas del poder ejecutivo, sino que constituye una herramienta de política económica central para la gestión gubernamental en la medida en que proyecta la evolución de las principales variables macroeconómicas del país, de un año a otro, otorgando previsibilidad a los ingresos y gastos públicos, para la planificación del conjunto de los actores económicos tanto locales como extranjeros. En este sentido es una herramienta significativa –sino la más importante— para generar expectativas sobre la trayectoria futura de una serie de indicadores de los cuales depende el funcionamiento global de la economía.