El presente informe analiza el impacto del ajuste previsional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de diciembre de 2023. En una ciudad con más de 631.000 personas jubiladas —de las cuales más de 373.000 son beneficiarias del PAMI— las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional han afectado de manera directa a uno de los sectores más vulnerables de la población.
Galperin respondió a los informes de morosidad de CEPA. Después de responsabilizar al Banco Provincia y a la gente que habría comprado televisores para el mundial, ahora promovió un informe pedido a un ex funcionario de Macri para que reivindique el rol de Mercado Libre, confrontando con CEPA y la realidad. El artículo se denomina “Todo lo que querías saber de la mora* (pero tenías miedo de preguntar)” y lo firma Matías Fernández. Es tan evidente la mano de Galperin en el documento que incluye un apartado titulado “Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor”.
El presente informe tiene como objetivo describir y caracterizar la conflictividad laboral en el empleo estatal de las provincias argentinas como resultado de la caída de la recaudación. A partir de la construcción de una base de datos propia, se propone analizar el impacto de la retracción del ingreso del erario público e identificar de qué manera esta disminución genera conflictos en los sectores de salud, educación, seguridad, justicia y en el conjunto de los empleados estatales.
El ratio de irregularidad del crédito, o morosidad, es un indicador clave que se utiliza para analizar el incumplimiento de los deudores y la incobrabilidad de las líneas de financiamiento otorgadas. La evaluación sistémica del indicador permite, además, diagnosticar la situación económica actual que atraviesan tanto los hogares como las empresas. Este coeficiente se calcula dividiendo el saldo de financiamientos en situación irregular 3 y superior (atrasos en el pago superiores a los 90 días) sobre el total de la cartera de créditos otorgada, reflejando el porcentaje de deuda en proceso de incobrabilidad.
El Sector Público Nacional (SPN) registró en julio 2026 un superávit fiscal de $2,96 billones. Luego del pago de intereses de deuda por $2,72 billones el resultado financiero alcanzó un saldo positivo por $0,24 billones.
Los ingresos de la Ciudad provienen de dos fuentes principales: recursos propios (principalmente Ingresos Brutos e Inmobiliario-ABL) y recursos tributarios de origen nacional (Coparticipación Federal y transferencias por la medida cautelar de la Corte Suprema).
El presente informe analiza el desempeño de las importaciones en la Argentina, en particular de Bienes de Consumo, durante la gestión de La Libertad Avanza (hasta el primer semestre de 2026), comparándolo con el año 2023, previo al cambio de gobierno. El objetivo principal es dimensionar la composición y la escala de incremento de las importaciones de Bienes de Consumo, identificar las empresas que lideraron dicho proceso y evaluar el impacto en los sectores industriales locales dentro de un contexto de apertura y expansión generalizada de este tipo de productos.
El presente informe tiene como objetivo analizar la evolución de la cantidad de trabajadores/as y empleadores/as desde el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, en base a los datos disponibles al momento de su publicación[1]. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa basada en la información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social.
El presente informe considera la evolución de precios en el Mercado Central y proyecta el impacto en el IPC del segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres (papa, tomate, zapallo, cebolla, lechuga y batata), que, en conjunto, representan el 75,3% del volumen de comercialización del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) y de las principales frutas (banana, limón, manzana y naranja), las cuales representan el 55,0% del volumen comercializado.
Al mes de julio de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023, evidenciando un ajuste significativo en áreas sensibles de la administración pública.