Las medidas sanitarias de aislamiento dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional y acompañadas por distintos niveles del Estado y también del mundo privado significan un fuerte “parate” en la actividad económica nacional. Lo mismo ocurre en cada una de las economías nacionales, lo cual a su vez impacta negativamente en Argentina en virtud de la recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y China.

El presente informe es realizado por mujeres economistas, sociólogas y politólogas integrantes de CEPA, que al mismo tiempo coordinan y forman parte de equipos de trabajo temáticos (fiscal, precios, mercado de trabajo y equipo  financiero) e impulsan el Observatorio de Géneros al interior del Centro de Economía. El informe se publica en el marco del paro internacional de mujeres del 8 de Marzo -#8M- y tiene por finalidad la cuantificación y visibilización de desigualdades económicas de distinta índole en la sociedad. Este trabajo opera como continuidad de dos trabajos precedentes realizados por el Observatorio de Géneros del CEPA y presentados en 2018 y 2019, titulados “Más precarizadas y con menores ingresos: la situación económica de las mujeres argentinas” (1)y “Mujeres argentinas: entre la organización por la conquista de derechos y la profundización de las inequidades económicas”.

El poder adquisitivo de la Jubilación Mínima considerando el aumento de marzo de 2020 y la proyección de la inflación

A instancias de una serie de recomendaciones elaboradas desde el FMI, en diciembre de 2017 fue modificado el índice de actualización de las jubilaciones y AUH. Esto, sumado a la pérdida de poder adquisitivo experimentado por dichos ingresos aun con la fórmula anterior - en virtud del magro derrotero de la economía argentina (particularmente en 2016)- implicó un sensible perjuicio para los  jubilados.

La pérdida de poder adquisitivo acumulada de los ingresos de los adultos mayores en los últimos casi 5 años ha sido sensible. La jubilación mínima en enero alcanza los $ 14.068, lo que implica un aumento de 268,1% entre mayo de 2015 y dicho mes (casi 400% si se considera el bono de hasta $5.000), mientras que la inflación de los medicamentos en el mismo período alcanzó 455,0%, e incluso, con la cobertura de PAMI, ascendió a 338,1%.

1- Introducción: estado de situación de la política de precios a diciembre 2019

Durante el período 2015-2019 la política de precios de Cambiemos estuvo fundamentada en el marco teórico que predomina en la corriente económica ortodoxa: el control monetario vía altas tasas de interés permite desactivar a la emisión como factor explicativo de la inflación, y por ende tender hacia la reducción del nivel de precios de la economía. Esta mirada unilineal de un fenómeno complejo –que en Argentina se ha demostrado estructural-, ha omitido, entre otras cosas, los impactos que la variación del tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y combustibles, y los precios de los commodities exportables, han ejercido sobre la inflación en un contexto de corrimiento del Estado de la regulación de las mencionadas variables. En efecto, la política tarifaria generó un sensible aumento de la energía y el transporte, se quitaron retenciones y se eliminaron controles cambiarios, lo que impactó en la evolución del dólar. El rol de la Secretaría de Comercio Interior quedó reducido a su mínima expresión y el programa de Precios Cuidados apenas se mantuvo como una plataforma de lanzamiento de nuevas marcas gracias a la gran penetración y conocimiento de la marca construida durante las administraciones gubernamentales previas.

Desde que Alberto Fernández asumió la presidencia el 10 de diciembre se tomaron una serie de expeditivas medidas, junto con distintos anuncios de índole económica que manifiestan un viraje de 180 grados en el diagnóstico que explica la crisis de la economía argentina. Por ende, se propone una salida diferente a la que se esbozaba desde los equipos económicos de la gestión anterior de Mauricio Macri. La trascendencia de este cambio en la forma de abordaje de los problemas económicos requiere un pormenorizado análisis de la naturaleza de las medidas, que sin ninguna duda alterarán la fisonomía de la macroeconomía y también impactaran en hábitos y forma de vida del conjunto de la población. 

En los últimos casi 4 años, se ha producido una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores. Los datos son contundentes. La jubilación mínima en octubre alcanza los $ 12.936,lo que implica un aumento de 239% entre mayo de 2015 y dicho mes, mientras que la inflación de los medicamentos en el mismo período alcanzó 457%, e incluso, con la cobertura de PAMI, el aumento asciende a 297%.

La situación económica argentina se encuentra en estado crítico. Desde mayo de 2018, el nivel de actividad medido por el EMAE-INDEC acumula 13 caídas y sólo 3 leves alzas. La política de altas tasas sostenida durante la gestión Cambiemos, intensificada a partir de la corrida cambiaria de abril de 2018 y re-inaugurada el 1 de octubre luego del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene fuertes vínculos con este proceso de retracción en la actividad, afectando las ventas de las empresas y la propia viabilidad del sector productivo por el alto costo de financiamiento.

En los últimos días se ha manifestado un profundo malestar del pueblo chileno producto de un modelo social, cultural y económico que, establecido durante años y resultante de un proceso de reformas gestado durante la última dictadura que continuaron desde 1990, no ha sido capaz de traer bienestar a la mayoría de su población. Muy por el contrario, las características intrínsecas y resultados inexorables del neoliberalismo están saliendo a la luz en Chile, país frecuentemente exaltado desde las corrientes liberales como modelo exitoso y ejemplar en el plano macroeconómico. 

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - Progresar - fue implementado en 2014 y teníapor fin garantizar una transferencia monetaria a las y los jóvenes entre 18 y 24 años que estudiaran y cuyo hogar no recibiera más de un salario mínimo. En abril de 2015 se implementó un aumento por decreto del valor monetario del Plan, que pasó de $600 a $900 y elevando el piso de ingresos familiares para el acceso al mismo (hasta tres SMVM).