Diálogo y consenso: el lado B del modelo

Desde principios de marzo de 2017 a la fecha, la conflictividad a nivel nacional y particularmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ha ido incrementándose con diferentes metodologías de protesta, primando aquellas con participación en la vía pública, como los paros con movilización, las concentraciones en las puertas de instituciones/organismos, los cortes de ruta y calles y las ollas populares.

Según los datos que se recaban mensualmente desde el Observatorio de Conflictividad Socio-Laboral de CEPA, los conflictos en el primer trimestre de 2017 (que para el mes de marzo ascendieron a 2 por día) concentraron sus motivos en reclamos por  despidos, readecuación salarial, cumplimiento de acuerdos, condiciones de trabajo y quejas por atrasos en los pagos.

El eje del abordaje planteado por el Gobierno Nacional y local por los reclamos desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires, no se ha centrado en resolver las problemáticas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas, sencillamente, no lleguen a las calles de la Ciudad. Uno de esos mecanismos ha sido la represión recurriendo a las fuerzas de seguridad. Una de las conclusiones del presente informe reside en que en el primer trimestre de 2017 se registran un 133% más de casos de conflictos con represión, en comparación con igual trimestre de 2016.

En este sentido, se ha observado desde inicios de 2017 una profundización en la estrategia “ejemplificadora” del gobierno con los trabajadores en su conjunto pero en particular se ha manifestado en el conflicto docente como caso testigo. La represión policial a los docentes en la plaza de los Dos Congresos para evitar la instalación de la “Escuela itinerante” se suma a la premeditada estigmatización de un sector gremial representado en el ataque a Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, los descuentos por los paros realizados, el adicional para los docentes que no adhirieron al paro y las amenazas con multar y quitar la personería gremial. Todo ello en el marco  de sostener una prácticamente idéntica oferta –respecto de la original-, la cual impide recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016.

La estrategia del gobierno en el ámbito laboral se podría resumir, en el “trazo grueso”, en las oleadas de despidos a lo largo de 2016 y con continuidad en el pasado trimestre y en la cristalización, en 2017, de la caída del salario real sustanciada el año previo. El complemento es la “sintonía fina” flexibilizadora en 2017, donde juega un rol central el acuerdo firmado con el sector petrolero en Vaca Muerta, que el gobierno pretende extender a la industria automotriz (Macri estuvo en Córdoba anunciándolo), a la construcción, textil y calzado entre los principales sectores.

1. Los hechos represivos de Cambiemos

Los conflictos han aumentado en el trascurrir de 2017, y junto con ello, han crecido aquellos en los que se ha utilizado la fuerza pública para reprimir las acciones de protesta por medios violentos. A continuación se detallan una multiplicidad de casos acontecidos desde el 10 de diciembre de 2015, que se relatan en el cuadro 1 y se sistematizan según provincia y mes en el cuadro 2.

Para el presente trabajo, se define conflicto con represión a todo aquel reclamo social o laboral, con o sin organización previa, que encuentra como respuesta la acción de  las fuerzas de seguridad con algún grado de violencia física.

Como se percibe en la información precedente, la mayor cantidad de casos se sitúa en la Provincia de Buenos Aires (sobre todo en el conurbano bonaerenses) con 26,51% de conflictos. La Ciudad de Buenos Aires alcanza la cantidad de 14 casos (16,87%). Luego, Mendoza, Jujuy, Santa Fe y Salta acumularon cada una 5 casos (6,02% del total).

Es posible percibir en el Gráfico 1 que el segundo semestre de 2016 tuvo un incremento sustancial de la cantidad absoluta de los conflictos con represión, arrancando 2017 en niveles superiores a los de inicios de 2016. Tal como muestra la línea de tendencia, se distingue un incremento de los hechos represivos sobre el total de los conflictos registrados cada mes.

2. País federal

En el gráfico 2 se aprecia la cantidad de conflictos por mes en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias. Es posible extraer que el aumento de conflictos con represión desde mediados de 2016 se centra en las provincias del interior del país, y hacia el final del período se concentran en Ciudad de Buenos Aires.

3. Ciudad de Buenos Aires, la preocupación de Cambiemos

La Ciudad de Buenos Aires constituye hoy el epicentro del debate sobre conflictos que interrumpen la circulación en vía pública. El tipo de abordaje a este fenómeno, planteado por el Gobierno Nacional y local, lejos ha estado de indagar en las causas que originan el reclamo (y menos en atacarlas), sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas no se cristalicen en las calles de la Ciudad. Uno de esos mecanismos ha sido la represión policial. El gráfico 3 confirma esta hipótesis.

Como vemos en los Gráficos 3 y 4, el aumento de la cantidad de conflictos por mes seguidos de represión es significativo, tanto en el promedio nacional como en la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, si realizamos la comparación tomando los primeros trimestres de 2016 y 2017, se produce un incremento superior al 100%: los conflictos de represión eran 3 por mes y se elevan a 7 por mes. En CABA la incidencia se duplica: de 1 a 2 por mes.

4. La contracara: el poder adquisitivo del ingreso

A la inversa de lo que se observa en los casos de conflictos con represión, los ingresos reales de las remuneraciones promedio y de la jubilación mínima presentan una tendencia negativa.

La pérdida de poder adquisitivo para las remuneraciones promedio entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 alcanzó el 7%. En el caso de la jubilación mínima, la caída es aún mayor: 11%.

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