El 8M en perspectiva económica: a dos años de pandemia y con la igualdad como meta

Como cada 8 de marzo nos convoca la lucha feminista. Esta lucha, encuentra su efeméride en el 8M (entre otras fechas), pero sabemos que los calendarios no son más que un recordatorio de las disputas y reivindicaciones diarias del movimiento de mujeres y de los feminismos en la Argentina y en el mundo, junto a los colectivos de la diversidad sexual y de género, que se llevan a cabo en cada uno de los espacios y ámbitos que habitamos.

También sabemos que el 8 de marzo no sólo es un día de lucha sino también un día de paro, y que su origen está vinculado a la muerte de 129 mujeres en un incendio en la fábrica Cotton en 1908, de Nueva York, como respuesta a su declaración de huelga con permanencia en su lugar de trabajo, con la decisión del dueño de la misma de cerrar las puertas. El motivo de la huelga se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y una mejora sobre las deplorables condiciones de trabajo que padecían.

114 años después las luchas continúan y las violencias también. Son cotidianas, múltiples y ejercidas de diversas formas y mecanismos, individuales y grupales. Y es nuestro deber visibilizarlas en pos de la transformación de la realidad desde una reivindicación y política feminista.

Sabemos que el ámbito económico no es ninguna excepción al momento de hablar de las desigualdades y violencias que vivimos las mujeres y diversidades. Históricamente, se evidencian profundas desigualdades en el acceso al mercado laboral, los ingresos percibidos y el impacto de la política económica en su conjunto. Por este motivo, desde el Observatorio de Géneros de CEPA, cada 8M desde 2018 buscamos analizar las condiciones de las mujeres en diversos planos económicos, para conocer la situación actual y sobre todo cuales son las cuestiones que falta trabajar.

A partir de este informe queremos poner de manifiesto las condiciones de inequidad y exclusión estructural que atraviesan las trayectorias de las mujeres y diversidades. Esto permite la posibilidad de pensar estrategias y herramientas que favorezcan la reducción de las brechas, desigualdades y distintas formas de violencias, así como también, aumenten la autonomía e integridad de las mujeres y diversidades.

El informe se divide en dos partes, en la primera se analizan las desigualdades que persisten, a dos años de la pandemia. En la Parte 1 se aborda la cuestión de las mujeres y el mercado de trabajo, y seguidamente se analizan estasbrechas y desigualdades en el plano impositivo.

En la Parte 2da se sistematizan todas las políticas y programas de relevancia nacional que se han llevado adelante en estos dos últimos años, en convivencia con la pandemia. En esta línea es que se vienen trabajando los Presupuestos con Perspectiva de Género, tanto a nivel nacional como provincial. Estos son una herramienta fundamental para la incorporación de la perspectiva de género -de manera transversal e interseccional- en todo el proceso presupuestario con el fin de cerrar brechas de desigualdad y promover la autonomía de las mujeres y diversidades. La experiencia de CEPA, que lleva adelante el Presupuesto con Perspectiva de Género en la provincia de Santa Fe junto con el Ministerio de Géneros de dicha provincia, es un aporte específico en este camino. Finalmente, se desarrollan las conclusiones.


PARTE 1: A DOS AÑOS DE PANDEMIA, LAS DESIGUALDADES QUE PERSISTEN

1. Mujeres y mercado de trabajo

1.1.   Recuperación de la actividad económica, caída de la desocupación y diferenciales de tasa a niveles pre pandemia

El 2021 se constituyó como un año particular, un híbrido entre el aislamiento y la apertura, y que, gracias a la enorme Campaña de Vacunación, permitió avanzar sobre un sendero de reactivación económica. Como ya hemos demostrado en informes anteriores (CEPA, 2021), las crisis tienen mayor impacto sobre las mujeres por lo cual a continuación analizaremos si la recuperación económica tiene el mismo impacto.

Al respecto, es muy importante aclarar que el análisis sobre las disidencias no se puede abordar dado que en la actualidad no existen indicadores que excedan las categorías binarias de género (varón/mujer). La construcción de estos indicadores, constituye una necesidad fundamental para realizar un análisis con una perspectiva que considere la diversidad de las categorías de “género”. A los efectos de evitar englobar a las diversidades dentro del concepto de mujeres, preferimos evidenciar el vacío existente en materia estadística.

El mercado laboral es el escenario donde se producen las principales desigualdades e inequidades que enfrentan las mujeres en relación a los varones. Las brechas más relevantes se plasman en la desigualdad en el acceso al mercado laboral, el tipo de trabajo al cual se accede, como también en los ingresos percibidos. En este sentido, es importante resaltar la recuperación en los niveles de empleo que se registraron durante el 2021, tras la fuerte crisis económica que se atravesó durante 2020 que tuvo como correlato una fuerte caída en los niveles de producción y empleo.

Resulta pertinente evaluar cuál fue el impacto de esta recuperación económica en las brechas que se registran históricamente en el mercado de trabajo. En términos generales, se percibe que la recuperación impacta de manera desigual entre varones y mujeres. Es decir, la recuperación tiene mayor impacto positivo en los varones que en las mujeres de la Población Económicamente Activa (PEA). A su vez, en algunos casos, frente a la recuperación en el empleo, se profundizaron las brechas con respecto a niveles pre pandemia.

En el tercer trimestre de 2021, el Producto Bruto Interno (PBI) anotó un crecimiento de 4,1% con respecto al trimestre anterior y de 11,9% interanual. Esta mejora se observó en todas las actividades económicas, con la excepción de la Agricultura y ganadería. Puntualmente, se registraron mejoras significativas en aquellas actividades que se relacionan con la creación de puestos de trabajo: Hoteles y Restaurantes, Construcción, Explotación de minas y canteras, Industria manufacturera y Comercio, entre otros.

Continuando con esta tendencia, el crecimiento de la actividad económica para diciembre de 2021, de acuerdo al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) fue de 9,8% interanual. Con esto, el año cerró con un crecimiento acumulado de 10,3% en 2021. Los datos del tercer trimestre en materia de crecimiento económico son relevantes para nuestros análisis dado que son coincidentes con la última información disponible en materia laboral, que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

En este sentido, vale la pena detenerse en el desempeño de la industria manufacturera, que logró una marcada recuperación de la actividad durante el 2021 con respecto al 2020 (+15,8%). Incluso, la mejora se evidenció en relación al 2019 (+7,1%) y con respecto a los valores del 2018 (+0,3%)[1].  Esta recuperación industrial tiene un impacto directo en la generación y recomposición de los niveles de empleo y desocupación. 

Para analizar las brechas dentro del mercado de trabajo, se utilizaron los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicadas por el INDEC, con el último dato disponible al tercer trimestre de 2021. Como primer indicio del impacto de la recuperación económica, es importante analizar los datos de desocupación en aquellas personas económicamente activas (PEA). De acuerdo a los datos de la EPH, la tasa de desocupación general sobre la PEA durante el tercer trimestre del 2021 fue de 8,2%, siendo el nivel más bajo para un tercer trimestre de los últimos cinco años y 1,5 puntos porcentuales por debajo a los niveles pre pandemia, es decir, al tercer trimestre de 2019 (Gráfico 1).

Ahora bien, cuando se observa la tasa de desocupación según género, se observa que para las mujeres el valor registrado en el tercer trimestre del 2021 fue del 9%, abandonando así los dos dígitos que supo alcanzar en 2018, 2019 y su punto más alto en 2020, y siendo el más bajo de los últimos cinco años. Asimismo, la disminución de la tasa de desocupación de las mujeres respecto al tercer trimestre de 2019 fue mayor que la de los varones, con una caída de 1,8 p.p. de las primeras frente a 1,2 p.p. por parte de los segundos.

Asimismo, cabe señalar que la brecha entre la tasa de desocupación de los varones y la tasa de desocupación de las mujeres se redujo. En el tercer trimestre de 2020, la distancia fue de 2,5 puntos (13,1% desocupación en mujeres, versus 10,6% en varones). Al mismo periodo de 2021, la diferencia es de 1,3 puntos (9% mujeres versus 7,7% varones). Incluso, al tercer trimestre de 2019 esta diferencia ascendió a 1,9 puntos (10,8% mujeres versus 8,9% varones). La salida de la crisis de pandemia, considerando que en 2021 al tercer trimestre se constataba una mejora en la actividad económica, redujo al mismo tiempo los niveles de desocupación en mujeres y también la brecha respecto de este mismo indicador en varones. No deja de ser paradójico que, en el 2021, año posterior a la peor caída económica desde el año 2001, los guarismos de desocupación - de ambos géneros - sean más bajos que en 2019, bajo el gobierno de Cambiemos.

Al observar las tasas de desempleo, es importante poner el foco en las personas jóvenes, ya que es donde mayor incidencia tienen los niveles de desocupación. Durante el tercer trimestre de 2020, con pleno impacto de la crisis de la pandemia, la tasa de desocupación en las mujeres entre 14 y 29 años fue del 23,1% y de 19,8% para los varones del mismo rango etáreo, en ambos casos significativamente por encima del nivel general de desocupación.

Sin embargo, ante la recuperación económica que se registró a lo largo del año pasado, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes bajó y fue la más baja de los últimos cinco años, no así la de los varones en la misma franja etaria. Al igual que la tasa general de desocupación, al tercer trimestre de 2021 la tasa para las personas de 14 a 29 años se posiciona por debajo de los niveles pre pandemia, siendo de 18% para las mujeres y 16,6% para los varones. En esta mejora también se registró una disminución en el diferencial entre las tasas de desocupación de varones y mujeres, que pasó de una brecha de 3,4 p.p. y 4,7 p.p. en el tercer trimestre de 2020 y 2019 respectivamente, a una diferencia de 1,4 p.p en el tercer trimestre de 2021.

Sin embargo, la tasa de informalidad del tercer trimestre del 2021 no presentó mejoría alguna respecto a la del 2020, aunque sí lo hizo en el caso de los varones respecto al 2019 (Gráfico 4). Es importante detenerse en este punto, ya que la caída en los niveles de informalidad de 2020 se puede explicar por dos factores: por un lado, durante el II y III trimestre de 2020, las tasas de actividad -referidas a la población que trabaja o que busca trabajo, sobre población total- cayeron entre 5 y 10 puntos en relación al mismo periodo de 2019, y esta reducción tuvo relación no sólo con la caída de los puestos de trabajo tradicionalmente informales durante la pandemia, sino también con el impacto del aislamiento que requirió que muchas mujeres se quedaran en sus casas para realizar trabajos de cuidado no remunerados, abandonando puestos de trabajo remunerados y registrados.

La recuperación en el nivel de empleo, traccionado por la recuperación económica que se registró durante el transcurso del 2021, se observó tanto en varones como mujeres. En este sentido, en conjunto con la recuperación económica, se pudo observar una disminución en las brechas de acceso al mercado de trabajo. Esto refuerza una realidad importante, que las crisis económicas tienen en términos generales un impacto desigual sobre las mujeres con respecto a los varones, a raíz de las desigualdades estructurales subyacentes.

A pesar que la tasa de informalidad general se redujo 1,9 p.p. respecto al 2019 y que en los varones disminuyó 3,6 p.p., cuando revisamos dicha tasa en el mundo de las mujeres, se observa que se mantuvo en el mismo nivel y además se ubica por encima al de los varones, manteniendo esta relación constante hace más de 6 años.

En resumen, la salida de la doble crisis generada por las condiciones macroeconómicas que dejó el gobierno anterior y la pandemia del Covid-19, fue con una recuperación del empleo lo cual también implicó la reactivación de puestos de trabajo informales. En el caso de los varones, la tasa de informalidad se recortó con respecto a niveles pre pandemia (30,6% en el tercer trimestre de 2021 contra 34,2% en el mismo periodo de 2019). Sin embargo, en las mujeres, este indicador volvió al mismo punto que en 2019, al registrarse un 36,0% de informalidad. No solamente se sostuvo el nivel de informalidad en las mujeres, sino que se profundizó el diferencial entre la informalidad de varones y mujeres, ascendiendo de 1,8 p.p. a 5,4 p.p.

Es decir, la mejora en la informalidad no se registró en las mujeres ocupadas y con esto, se profundizó la brecha en la tasa de informalidad, demostrando que las mujeres tienen menor acceso al mercado de trabajo, y cuando acceden generalmente lo hacen a trabajos de mayor informalidad y peor remunerados.

1.2.   Profundización de las brechas de ingresos

La brecha de ingreso es un indicador que condensa las asimetrías del mercado laboral entre mujeres y varones, que se ven reflejadas en sus niveles de ingresos. La brecha salarial resulta de la comparación de masas salariales (cantidad de horas por salario), por lo cual influye en dicha brecha la cantidad de horas trabajadas por varones y mujeres, como así también el valor hora percibido. En efecto, los factores que inciden en la cantidad de horas trabajadas con remuneración y en el valor de esas horas trabajadas son diversos, a saber:

  • la tasa de participación en el trabajo remunerado;
  • la segregación vertical y horizontal, que impacta en valor de las horas trabajadas;
  • las horas que le dedican al trabajo no remunerado;
  • la informalidad laboral. 

Por un lado, las mujeres trabajan en general entre 4 y 12 hs remuneradas menos que los varones, según la calificación[2]. Por otro lado, de acuerdo a la Encuesta de Uso del Tiempo del INDEC (2013), las mujeres dedican 3 horas diarias más que los varones a los trabajos de cuidado no remunerado (cuidado de niños, niñas, personas mayores, limpieza, cocina, etc.). La desigual distribución de los trabajos de cuidado no remunerado, implica que las mujeres dispongan de menos horas que prestar en el mercado de trabajo remunerado.

Esta situación se evidencia al analizar las tasas de actividad: la tasa de actividad femenina al tercer trimestre de 2021 ascendió al 50,4%, mientras que la de los hombres se ubicó en 69%, sosteniendo una diferencia de casi 20 puntos porcentuales.

Por otro lado, las horas de trabajos feminizados (que son ocupaciones con carga de cuidado) se encuentran peor remunerados, y ello se expresa en un fenómeno denominado segregación horizontal o paredes de cristal. Otra variable que influye en las brechas de ingresos es la segregación vertical o techos de cristal, lo cual implica que las mujeres se enfrentan a una barrera “invisible”, pero absolutamente real, para acceder a puestos jerárquicos y de decisión, que además son los puestos mejor remunerados dentro de cada sector. Por ejemplo, un trabajo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, demostró que en la alta dirección pública, la relación es de 44% mujeres y 55% varones, mientras que en los cargos superiores la distancia es de 22% mujeres y 78%, varones, la cual es una relación que se sostiene de hace varios años[3].

Cuando se analiza el comportamiento de las brechas de ingreso en el 2021 se observa que, al igual que la tasa de informalidad, las brechas en el ingreso personal e ingreso por ocupación principal se mantuvieron en niveles similares a los del 2019 (Gráfico 5). Al analizar los ingresos por ocupación principal (aquellos ingresos que corresponden a la actividad laboral principal) los varones percibieron un 25% más de ingreso que las mujeres. Esta brecha se profundiza a 28,4% cuando se observa el ingreso personal (ingresos laborales y no laborales como pensiones, jubilaciones, cuotas alimentarias, entre otros). Sin embargo, esta cifra es levemente inferior a la que se registraba en el tercer trimestre de 2019 (29,0%), lo cual se podría adjudicar a una mejora en el acceso a ingresos complementarios al ingreso laboral para las mujeres.

Es importante realizar una mención sobre el comportamiento de las brechas durante el tercer trimestre de 2020. Durante dicho periodo se observa que las brechas se ubicaron en mínimos históricos, lo cual no responde a una mejora de las condiciones macroeconómicas que caracterizaron al país durante el 2020. En ese sentido, de la misma manera en la que se analizan las tasas de desempleo e informalidad, es preciso analizar estas brechas desde una perspectiva multidimensional.

Por un lado, es relevante considerar que durante el segundo y tercer trimestre de 2020, con motivo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la EPH contuvo diversos sesgos debido a que la misma se desarrolló de manera telefónica y no presencial como era habitual[4]. Por otro lado, al medir ingresos personales y los asociados a la ocupación principal, también contiene un sesgo debido a la caída de las tasas de actividad, tasas de informalidad, y a la caída de los puestos de trabajo de menores ingresos.

Por eso, al ver cómo un año después (III trimestre 2021) los datos de la brecha se ubican en los históricos, se puede afirmar que la caída del año anterior no significó una mejora en materia de género.

En otro orden de ideas, de acuerdo al Gráfico 6, la brecha de ingresos entre las personas asalariadas informales no solo se profundizó respecto al tercer trimestre del 2019 y 2020, sino que alcanzó el mayor nivel de los últimos 5 años.Los trabajadores informales varones perciben un 38,2% más de ingresos que las mujeres. En contraposición, la brecha de las y los asalariados formales es del 19,6%, manteniéndose en el mismo nivel de los últimos cuatro años y ubicándose en la mitad de la brecha informal.

Resulta imprescindible y necesario que la recuperación económica contemple no solamente el acceso al mercado de trabajo de las mujeres y diversidades, sino que sea con igualdad y equidad. El acceso no alcanza, si no se promueven a mujeres en puestos con poder de decisión, si no se promueven políticas que distribuyan los cuidados de manera compartida e infraestructuras con perspectiva de géneros, que permitan a las mujeres y disidencias insertarse en el mercado de trabajo formal con salarios dignos.


2. Brecha impositiva: desigualdades de género desde la perspectiva tributaria

La distribución desigual en el acceso al mercado laboral y en el ingreso entre varones y mujeres que evaluamos anteriormente tiene como correlato la brecha patrimonial. Existe una diferencia (spoiler: a favor de los varones) respecto a la titularidad del patrimonio entre ambos géneros. El análisis, en clave de género, de los impuestos directos sobre la riqueza da cuenta que la misma se encuentra fuertemente masculinizada. Como contracara, ya conocemos los datos existentes sobre feminización de la pobreza donde confluyen la sobrerrepresentación de las mujeres en los deciles de menores ingresos y la mayor carga/presión tributaria sobre las mismas vía impuestos indirectos o al consumo. Dicho de otro modo: las mujeres ganan menos, poseen menos riqueza y destinan mayor porcentaje de sus ingresos al pago de impuestos vía impuestos indirectos - y regresivos - como el IVA.

En esta sección del informe analizaremos las desigualdades de género desde la perspectiva tributaria centrándonos en evaluar cuál es la participación de las mujeres en el impuesto a los Bienes Personales, el impuesto a las Ganancias y el Aporte Solidario y extraordinario de las Grandes Fortunas. Se aclara que la distinción es binaria (mujer/varón) porque es la manera en que se presenta la información de las distintas bases estadísticas.

2.1. Impuesto a los Bienes Personales

Como fuera publicado en el informe pionero de CEPA, titulado “Economía con perspectiva de género: de la brecha salarial a la patrimonial. Un abordaje en base a la información de Bienes Personales y Seguridad Social” (2020), existen desigualdades en la participación en este tributo entre varones y mujeres, lo que se refleja en aquello que fue denominado “brecha patrimonial”. En 2020, este documento concluía lo siguiente:

“El informe aporta datos contundentes respecto de un indicador que no suele tener la misma visibilidad que la medición de las brechas de ingresos entre varones y mujeres. Se trata de lo que hemos denominado brecha patrimonial y que refiere a la desigual distribución de las propiedades entre varones y mujeres, considerando como fuente primaria de estudio la base del Impuesto a los Bienes Personales de AFIP del año 2018. Para complementar esta información patrimonial, se publican los datos de brechas de ingresos en el sector privado registrado, que es el que más se acerca según su fisonomía a las características de las y los aportantes en Bienes Personales. Se aclara que la distinción es binaria (varón/mujer) porque las bases estadísticas aparecen sólo con la distinción por sexo, sin incluir grupos LGTTBI+.” (2020: 1).

Luego de esta primera publicación, los análisis de las bases tributarias con perspectiva de género han cobrado mayor protagonismo en la literatura. En este informe retomamos dicho estudio y presentamos los datos actualizados al año 2019, que presentan algunas variaciones.

En principio, cabe señalar que el impuesto a los Bienes Personales se aplica sobre la valuación total del patrimonio para cada ejercicio fiscal. Posee actualmente un monto mínimo no imponible de $3 millones y superado ese monto las personas deben pagar una alícuota de acuerdo con el patrimonio que poseen. Se dice que este impuesto aplica progresividad en su esquema de cobro, ya que se aplican alícuotas más altas mientras mayor sea el patrimonio declarado.

Como resultado de la información publicada por AFIP para el ejercicio fiscal 2019 del Impuesto a los Bienes Personales, se construyó la brecha patrimonial. El impuesto a los Bienes Personales se aplica sobre la valuación total del patrimonio para cada ejercicio fiscal. El monto mínimo a partir del cual se aplicaba en el año 2019 era de $2.000.000 en valores patrimoniales. Es decir, superado ese monto, una persona debía pagar una alícuota establecida según el rango de sus valores patrimoniales. El Impuesto alcanza a todo tipo de bienes, como inmuebles, automotores, naves y aeronaves, los depósitos de dinero, los títulos y acciones en el país y en el exterior, bienes muebles, etc. La valuación de esos bienes también es diversa y se establece en la letra de la ley, siendo algunos a valor de mercado y otros, próximos al valor de compra.

La cantidad absoluta de mujeres alcanzadas por el impuesto para dicho año sumó 167.870 casos aproximadamente. En términos absolutos el número representa a la mitad de la cantidad de varones (que ascienden a 348.095). Es decir, al año 2019 del 100% de las personas alcanzadas por el impuesto, el 32,5% corresponde a las mujeres y el 67,5% a los varones. Se evidencia una clara distribución asimétrica en la distribución de la titularidad de los patrimonios según género. Si bien desde el 2009 dicha participación viene incrementándose (era del 26%), aún está lejos de resultar equiparable a la participación de los varones.

Esta distribución inequitativa se evidencia aún más si se considera el valor de los bienes en posesión de los varones respecto de las mujeres. Al año 2019, sobre el valor total de los bienes declarados, el 71,8% correspondían a los varones, mientras que las mujeres poseían el restante 28,2%, es decir que no solamente las mujeres son un tercio de las personas titulares del impuesto a los Bienes Personales, sino que además el valor de sus bienes es aún más bajo que ese tercio que representa su titularidad. En otras palabras, los bienes de las mujeres en promedio valen menos que los de los varones.

Se constata una mayor reducción de la incidencia de las mujeres en la participación en el gravamen al año 2019 respecto de los varones: si las primeras cayeron en participación en 29% (de 236 mil en 2018 a 167 mil en 2019), los segundos lo hicieron en 26% (de 468 mil en 2018 a 348 mil en 2019). Ello se explica por la aplicación de una suba relevante del mínimo no imponible para el ejercicio fiscal 2019, que subió a los 2.000.000 millones. En efecto, como los bienes en propiedad de las mujeres tienen menor valor, la suba del mínimo no imponible tuvo un impacto más fuerte en este segmento. Por cierto, también se incorporó una exención a la vivienda única (casa-habitación) por hasta 18 millones de pesos, que podría haber tenido un impacto diferencial según género.[5]

2.2. Aporte solidario y extraordinario de las Grandes Fortunas

En el marco de la pandemia COVID-19 se habilitó la discusión sobre la necesidad de establecer un Impuesto a las Grandes Fortunas. Si bien es un tributo que en algunos países como España, Francia o Alemania se recauda de manera regular, en Argentina no existe como tal, siendo los Impuestos al Consumo la principal fuente de recaudación (representan aproximadamente un 50% del total). Al igual que el Impuesto a los Bienes Personales, se trata de un impuesto progresivo ya que busca gravar con más fuerza a quienes mejor pueden afrontar la carga tributaria.

El principal argumento para avanzar en este sentido estuvo vinculado principalmente a la fuerte caída en la recaudación que sufrieron las economías a nivel mundial, y la nuestra en particular, en el marco de la crisis sanitaria y económica que obligó a poner prácticamente en pausa el grueso de la actividad económica. Ante la aparición de una enfermedad desconocida y hasta tanto se pusiera en marcha la fabricación de vacunas –y estas pudieran alcanzar un nivel de producción significativo−, en todos los países del mundo el distanciamiento social se convirtió en la principal herramienta para proteger a la población[6].

En este escenario, al tiempo que caía la recaudación se tornaba necesario llevar adelante un aumento significativo del gasto público para hacer frente a las necesidades económicas que imponía la pandemia. Se comenzó a pensar, a nivel global y con fuerte apoyo de organismos multilaterales, en el diseño de nuevos instrumentos de financiamiento de los Estados y surgen diversas propuestas que buscan atender un criterio de progresividad en los aportes.

En Argentina se avanzó con la aprobación legislativa  de un “Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas”, por el Honorable Congreso de la Nación a través de la Ley N° 27.605.[7] El mismo alcanzó a todas aquellas personas humanas y sucesiones indivisas siempre que sus bienes superen la suma de $200 millones o aproximadamente usd 2,4 millones al 18 de diciembre de 2020.

A solicitud del Centro de Economía Política Argentina, la AFIP publicó a mayo 2021 una desagregación de los aportes percibidos en clave de género. El aporte alcanzó a 10.000 contribuyentes, de ese total, un 74% fueron varones que aportaron además un 76% del monto final recaudado, alrededor de $177 mil millones. Esto quiere decir que 3 de cada 4 aportantes de Grandes Fortunas fueron varones y que además son ellos quienes poseen la mayor cantidad de patrimonio.

Los datos del Aporte de Grandes Fortunas abiertos por género, permiten confirmar una suposición difícil de comprobar con los números poco precisos de la EPH para el percentil 1[8]:  los súper ricos en Argentina son hombres.

Al observar que son los varones quienes mayor participación tuvieron dentro del aporte de las Grandes Fortunas y a su vez son ellos quienes mayor riqueza declaran poseer dentro de este reducido grupo de las personas más adineradas del país, podemos concluir (una vez más) que la riqueza se encuentra fuertemente masculinizada.

2.3. Impuesto a las Ganancias

Como mencionamos a lo largo del primer apartado, en el universo del empleo registrado prevalecen elevadas brechas salariales entre varones y mujeres lo cual revela en qué medida las mujeres participan dentro del mercado laboral, cómo lo hacen y qué niveles monetarios obtienen en comparación con los varones. Los niveles monetarios tienen su correspondencia en la tributación del Impuesto a las Ganancias.

Este impuesto se aplica sobre las ganancias de cualquier persona física, empresa o entidad legal. Se consideran ganancias a los rendimientos, rentas o enriquecimientos producidos por una fuente permanente, por las sociedades comerciales y empresas unipersonales. También se considera ganancia los resultados obtenidos por la venta de bienes muebles amortizables e inmuebles y por la transferencia de derechos sobre inmuebles y los resultados obtenidos por la venta de acciones, valores representativos, certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores.

En este sentido, el impuesto a las ganancias se puede dividir en cuatro categorías, de acuerdo de donde proviene la ganancia. [9]

  • Ganancia de primera categoría: Corresponde a las ganancias generadas por el usufructo de los inmuebles urbanos y rurales.
  • Ganancia de segunda categoría: Corresponde a los ingresos obtenidos por acciones, intereses, dividendos, etc.
  • Ganancia de tercera categoría: Corresponde a las ganancias de las sociedades y empresas unipersonales.
  • Ganancia de cuarta categoría: Son las ganancias obtenidas por el trabajo personal.

Durante el periodo fiscal 2019 (último dato disponible), las declaraciones juradas presentadas alcanzaron 971.203 casos, de las cuales 914.819 fueron presentaciones con ingresos gravados de 1ra., 2da., 3ra. y 4ta. categorías y/o beneficio por participación en empresas o actividades. Del total de presentaciones con ingresos gravados, 271.171 corresponden a mujeres, apenas un 29,6% del total de presentaciones. Por su parte, los varones explicaron un 70,4% del total de las presentaciones, con 643.648 declaraciones juradas.

Al observar los ingresos sobre los cuales se tributa efectivamente el impuesto a las ganancias, esta brecha se profundiza. De acuerdo a los datos fiscales de 2019, los varones explican un 76,1% del total de los ingresos gravados mientras las mujeres explican apenas un 23,9%. Con esto, se evidencia que la brecha de géneros que observamos en los ingresos del mercado laboral en su conjunto, se replican en aquellos ingresos alcanzados por el impuesto a las ganancias. Es decir, existe una brecha significativa en el acceso a los puestos laborales que registran mayores ingresos y por este motivo, tributan el impuesto a las ganancias. La desigualdad en la inserción de las mujeres al mercado laboral no mejora al interior de los mayores ingresos del mercado laboral, sino que se refleja también en los mismos.

Al observar la serie histórica de la distribución entre mujeres y varones en lo que corresponde al pago del impuesto a las ganancias, y asimismo en la base de aportantes de bienes personales, la brecha en la participación entre los géneros tiene variaciones poco significativas en la década estudiada (2009-2019)-, manteniéndose en una participación 70%-30% de varones y mujeres respectivamente, en ambos tributos. La diferencia que podemos mencionar es que, en el caso del impuesto a las ganancias, la participación de las mujeres no presenta un crecimiento constante, sino que lo hace únicamente en el período 2009-2014 y luego se reduce levemente cada año.

En promedio, entre 2009 y 2019, los varones explican un 70,8% de las presentaciones con ingresos gravados y un 76,1% de los ingresos gravados.  Con esto, las mujeres que realizaron presentaciones para el impuesto a las ganancias explican apenas un 29,2% promedio y un 23,9% de los ingresos gravados para el periodo entre 2009 y 2019.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la participación de las mujeres en el impuesto a los bienes personales, en el impuesto a las ganancias su participación no presenta un crecimiento sostenido.

Además de las brechas de género que se evidencian en el mercado laboral, se suma la dificultad de las mujeres de acceder a ciertas actividades económicas, que se encuentran históricamente masculinizadas. El paradigma de “paredes de cristal” que describe la dificultad que enfrentan las mujeres y diversidades para acceder a ciertos tipos de trabajo, como la construcción, la explotación de minas y canteras, empleos en la agricultura y también la industria manufacturera, lo cual se refleja la baja participación de las mujeres en estas actividades. A su vez, estas actividades generalmente son también los empleos que tienen mayores salarios promedios. Esta realidad se refleja en las bases impositivas que se analizan, ya que no solamente se observa la brecha a nivel general, sino que también se registra una profundización en aquellos sectores históricamente masculinizados.

2.4. Cambios tributarios con perspectiva de género

En el 2021, en una modificación del impuesto a las Ganancias, se logró aplicar perspectiva de género a las exenciones impositivas. Es así que, en abril del 2021, en una modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias (Ley N° 27.617) sancionada por el Honorable Congreso de la Nación, se incluye como mejora la figura de los/as concubinos/as y convivientes, lo cual implica, por un lado, una ampliación de derechos hacia aquellas personas que no son cónyuges y por otro, evita que se generen incentivos impositivos tácitos para la formación de familias “tradicionales”. El artículo 30, cuando define el concepto de “conyugue” menciona que son los/as integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. De esta forma, se buscó visibilizar la existencia de relaciones afectivas no heterosexuales.

En otra Ley, la 27.630 se aplican modificaciones especiales a la tercera categoría (la que pagan las empresas) en la que se incrementan  un 40% las deducciones del Impuesto a las Ganancias por honorarios de directoras, síndicas y miembros de consejos de vigilancia mujeres como así también las acordadas a los socios administradores por su desempeño como tales; y en 60% en el caso de personas travestis, transexuales y transgénero con el objetivo de incentivar la contratación de estas personas en órganos de dirección y/o administración.


PARTE 2: LA GESTIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: POLÍTICAS PARA TRANSFORMAR

3. Políticas y medidas con perspectiva de género a nivel nacional

El rol del Estado es fundamental y su presencia a través de la implementación de programas y medidas específicas resulta estratégica para tratar de corregir las desigualdades y brechas que hemos detallado anteriormente. A su vez, estas políticas han tenido el objetivo de funcionar como un amortiguador del impacto desigual generado por la crisis económica a raíz de la gestión de Cambiemos y luego la pandemia Covid-19.

Luego de dos años de gestión del Frente de Todos, en el marco de un impulso de políticas con perspectiva de género desde el Estado Nacional, resulta importante hacer un balance. Esto permite, por un lado, realizar un análisis de los avances que se dieron en este sentido, y, por otro lado, poniendo el foco en la difusión y comunicación de la información, dar a conocer los programas y medidas a la población particular que puede ser alcanzada por las mismas.

Como contracara, sirve para poder pensar concretamente cuales son las carencias en materia políticas y programas de género y los pasos y avances que deberían encararse hacia delante.

A partir de lo relevado, se han sistematizado y agrupado algunas de las políticas, programas y medidas que se han llevado a cabo durante estos dos años de gestión en cinco categorías, de acuerdo a las autonomías que tienden a fortalecer y a las brechas que buscan reducir:

  1. Programas y medidas asociadas a fortalecer la autonomía física de las mujeres y diversidades.
  2. Programas y medidas asociadas a reducir brechas de tiempos y cuidados.
  3. Programas y medidas vinculadas a reducir brechas de ingresos y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades.
  4. Programas y medidas asociadas a reducir brechas laborales y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades.
  5. Programas y medidas asociadas a fortalecer la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres y diversidades
  6. Programas y medidas asociadas a reducir brechas habitacionales y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades.
  7. Programas y medidas destinadas a reducir Brecha de salud y autonomía física.

Es importante aclarar que estas son únicamente algunas de las políticas que se han llevado adelante estos dos años (sólo a nivel nacional) y que el agrupamiento en las clasificaciones mencionadas anteriormente no es excluyente tanto desde una mirada conceptual como programática. Es decir, las medidas adoptadas vinculadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades o para reducir brechas laborales y de ingresos, son fundamentales para la erradicación de las violencias de género y garantizar su autonomía física de mujeres y diversidades (por nombrar algunos ejemplos).

En este sentido, cuando los objetivos y enfoques de los programas y medidas se interrelacionan, se pone de manifiesto la integralidad de los procesos de transformación requeridos para lograr la igualdad de géneros y la participación de las mujeres y diversidades en el desarrollo sostenible.

3.A. Programas y medidas asociadas a fortalecer la autonomía física de las mujeres y diversidades

  • Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022: constituye un posicionamiento claro respecto del modo en que el Estado debe construir respuestas de política pública en esta materia, junto con la creación del MMGyD. es una herramienta de trabajo que apunta a intervenir de manera estratégica sobre el fenómeno de las violencias por motivos de género en nuestro país.[10]
  • Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género: es una estrategia nacional para abordar la problemática de los femicidios, travesticidios y transfemicidios desde una perspectiva multiagencial e interseccional y así poner fin a las violencias extremas por motivos de género.[11]
  • Programa Articular:busca fortalecer y acompañar a las organizaciones sociales en la formulación e implementación de proyectos en ámbitos comunitarios vinculados con las violencias por motivos de género, la organización de los cuidados y la promoción de la diversidad a través de transferencias de recursos y también con asistencia técnica.[12]
  • Programa Acercar Derechos (PAD):es una política para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia a través de acompañamiento integral e intercultural.[13]
  • Programa Acompañar: su principal objetivo es fortalecer la autonomía física de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Consiste en la intervención a través de dos aspectos, por un lado, brindar apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos a mujeres y LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia de género. Por el otro, realizar un acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa, coordinado con los gobiernos provinciales y locales. Este programa también impacta sobre la autonomía económica de las mujeres y diversidades, ya que, por el tipo de medida, uno de sus componentes tiende a promover la independencia económica de aquellxs que sufren violencia de género.
  • Ley Micaela:Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. Se trata de una medida para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal.
  • Centro de Protección Contra la Violencia por Motivos de Género: PAMI inauguró el Centro de Protección Integral para Mujeres y Diversidades “Eva Giberti”, que constituye el primer ente regional en abordar las situaciones de violencias por motivos de género con un enfoque gerontológico.

3.B. Programas y medidas asociadas a reducir brechas de tiempos y cuidados

  • Programa de Infraestructura del Cuidado: a través del cual se ejecutan obras destinadas a la infancia, la salud, los géneros y las juventudes, que promuevan este derecho y garanticen estándares básicos de calidad de vida de la población.[14]
  • Calculadora de Cuidados:  busca generar conciencia en torno al esfuerzo en tiempo y dinero que significa el Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado (TDCNR), en particular para las mujeres y diversidades. Es una forma de cuantificar el aporte de este sector que resulta clave para el funcionamiento de la economía en su conjunto.[15]
  • Mapa Federal de Cuidados: colabora en la visibilización y socialización del cuidado al poner a disposición de las personas y familias la oferta de servicios de cuidado y formación más cercanos a su domicilio de una forma sencilla y dinámica.[16]
  • Programa de Apoyo y Cuidados en Domicilio del PAMI[17]: En octubre de 2021, el PAMI aprobó el programa cuyo objeto principal es proveer bienes y servicios de apoyos y cuidados en domicilio para la realización de las actividades de la vida diaria,, con el fin de promover la autonomía personal y atender las situaciones de fragilidad y dependencia de las personas afiliadas al PAMI de tal modo que puedan seguir viviendo en sus hogares e insertos en la comunidad, amparados en el paradigma de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género.
  • Licencias Parentales Igualitarias: El Presidente anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer licencias parentales igualitarias, ya que hoy las mujeres tienen 90 días y los varones sólo 2.

3.C. Programas y medidas vinculadas a reducir brechas de ingresos y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades[18]

  • Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): una transferencia monetaria para trabajadores y trabajadoras informales, monotributistas A y B, titulares de AUH y AUE y trabajadoras de casas particulares. Se realizaron 3 pagos de $10.000 en el año. Llegó a 8,9 millones de personas (el 55,7% son mujeres).
  • Tarjeta Alimentar:  fortaleció los ingresos de las y los titulares de AUH (que son mayoritariamente mujeres: más de un 94%), mejorando su posibilidad de acceder a la canasta básica alimentaria.
  • Reintegros a compras:con tarjeta de débito o medios electrónicos que beneficiaron a quienes perciben AUH y jubilaciones mínimas con reintegros del 15% en las compras realizadas.
  • Refuerzo de la jubilación mínima con tres bonos:que en un 68% son percibidas por mujeres.
  • Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado: comprende 1 año de aportes por hija/o; 2 años de aportes por hija/o adoptada/o. De forma adicional reconoce 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso deque haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses. Este programa además de reducir brechas de ingreso y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, también tiene un enfoque de cuidados, ya que contempla en su diseño la desigual distribución social de los trabajos de cuidados no remunerados.

3.D. Programas y medidas asociadas a reducir brechas laborales y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades[19]

  • Programa Igualar:El Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en el Trabajo, el Empleo y la Producción "Igualar" tiene como propósito reducir las brechas y segregaciones estructurales de género que existen en el mundo del trabajo, el empleo y la producción desde una mirada interseccional y de derechos humanos.
  • Programa Producir:está dirigido a crear o fortalecer proyectos productivos de todo el país, llevados adelante por organizaciones comunitarias -con o sin personería jurídica- en las que participen mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia de género.
  • Programa Registradas: durante 6 meses, el Estado se hace cargo de entre el 30% y el 50% del salario mensual de las trabajadoras de casas particulares recién contratadas con el fin de promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras, garantizar sus derechos y su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género. Además, por primera vez las trabajadoras de casas particulares cobraron un plus por antigüedad. En línea con esta política de índole laboral, desde el Banco Nación se dispuso un paquete de productos destinados a la inclusión financiera de aquellas mujeres que tuvieran primera registración. Se trata de la apertura de una caja de ahorro bancaria (con su correspondiente tarjeta de débito), el otorgamiento de una tarjeta de crédito y la posibilidad de acceder a un préstamo personal.
  • Potenciar Trabajo: se otorgaron bonos para fortalecer los ingresos de más de 700 mil trabajadores y trabajadoras, principalmente los de las mujeres.
  • Ley Ramona:se creó un bono mensual para las trabajadoras comunitarias que sostuvieron los comedores, merenderos y cuidados en los momentos más difíciles de la pandemia.
  • Programa Manta: es un programa de incentivo económico para artesanas y artesanos de todo el país.
  • Ley Diana Sacayán-Lohana Berkinsde promoción del acceso al empleo formal para las personas travestis y trans, que fija un cupo del 1% en el Estado. Se puso en marcha “Argentinas al Mundo”, un programa que mejora la capacidad exportadora del país, ya que potencia las exportaciones de empresas lideradas por mujeres.

3.E. Programas y medidas asociadas a fortalecer la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres y diversidades.

Una serie de decisiones impulsadas por distintos medios (la Inspección General de Justicia, la nueva ley sobre impuesto a las ganancias y un DNU presidencial) han procurado establecer criterios para que mujeres y diversidades integren directorios de empresas, de fundaciones y asociaciones civiles, y también sean prioritariamente electas en el marco de criterios rectores de paridad, para ocupar altos cargos en el Poder Ejecutivo.

  • A partir de la entrada en vigencia de la Instrucción Presidencial dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, desde el 11 de febrero de 2022 se estableció que “los Ministros y las Ministras y los Secretarios y las Secretarias de la Presidencia de la Nación deberán adoptar, como criterio rector para la propuesta de designación de autoridades superiores de sus jurisdicciones, el principio de equidad de géneros”.[20]
  • En junio de 2021, la ley que modificó el Impuesto a las Ganancias-Sociedades, incorporó la perspectiva de géneroen los beneficios otorgados para las deducciones de honorarios por parte de las empresas con el objetivo de colaborar en la disminución de la segregación vertical a la que se enfrentan las mujeres en sus carreras laborales. En este sentido, dispuso el incremento de las deducciones especiales de la tercera categoría en un 40% las deducciones del Impuesto a las Ganancias por honorarios de directoras, síndicas y miembros de consejos de vigilancia mujeres como así también las acordadas a los socios administradores por su desempeño como tales; y en 60% en el caso de personas travestis, transexuales y transgénero.[21]
  • Desde la Inspección General de Justicia, la resolución 34/2020, determinó que:“las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan, en cuanto estuvieren o quedaren comprendidas en el artículo 299, de la Ley N° 19.550, excepto las abarcadas por los inciso 1°, 2° y 7°, las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado (Ley N° 20.705) deberán incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una composición que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos que esté integrado por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos. Cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros femeninos”. Fue frenada por la Cámara en lo Civil y Comercial y hoy esta resolución no se encuentra en aplicación”.[22]

Cabe indicar que en el Poder Legislativo, la ley de cupo de 1992 y posteriormente la ley de paridad de 2019 produjeron un aumento sustancial de la cantidad de mujeres legisladoras en el ámbito nacional, sin embargo no ocurre lo mismo en el Poder Judicial, que ha resistido la aplicación de la Ley Micaela en estos dos últimos años.

3.F. Programas y medidas asociadas a reducir brechas habitacionales y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades[23]

  • Programa Procrear: incluyó un cupo del 20% para mujeres jefas de hogar con hijos e hijas menores y sin cotitular. En el primer sorteo fueron beneficiadas más de 7 mil mujeres.
  • Programa Mi Pieza:comprende una línea de asistencia económica para refaccionar o ampliar el hogar, destinada a mujeres residentes de barrios populares que cuenten con una vivienda familiar.

3.G. Programas y medidas destinadas a reducir brechas de salud y autonomía física.

  • Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Ley 27.610)[24]: La Ley amplió los derechos vinculados a la autonomía física y reduce la brecha de acceso a la  salud de mujeres y personas gestantes, ya que regula la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos. Es de aplicación obligatoria en todo el país.
  • Programa de Vademécum de Medicamentos Esenciales Gratuitos: En marzo 2020 entró en vigencia el Nuevo Vademécum PAMI de Medicamentos Esenciales Gratuitos para cuidar la salud de afiliados y afiliadas. Es un listado de 170 principios activos gratuitos seleccionados para garantizar el tratamiento adecuado de las patologías frecuentes en las personas mayores. El programa dispensa alrededor de 5,0 millones de medicamentos gratuitos mensuales a más de 3,1 millones de personas afiliadas a lo largo de un año, siendo el 64% afiliadas mujeres, e implica en promedio un ingreso indirecto mensual de más de $4.200.
  • Políticas de gestión menstrual[25]: Desde hace varios años, a partir del análisis de las desigualdades de género que existen en materia de ingreso, de acceso al mercado laboral, de acceso a la salud, entre otras, se ha puesto en agenda la problematización de la gestión menstrual, la cual requiere de ciertas condiciones previas para las mujeres y personas menstruantes esenciales, tales como el acceso al agua limpia, instalaciones sanitarias acordes, acceso a productos de gestión menstrual, entre otras. A partir de 2020, en el marco del Foro de Justicia Menstrual, se han desarrollado diversas políticas destinadas a fortalecer el acceso a derechos de mujeres y personas menstruantes:
    • En diciembre de 2020 se llevó adelante el primerForo Nacional de “Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual” en Casa Rosada, con el objeto de avanzar en un esquema integral del tratamiento de la menstruación como una cuestión de igualdad y de justicia social.
    • La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires realizó en 2020 la Primera Encuesta de Gestión Menstrual, cuyo objetivo fue mejorar la calidad de la información y elaborar un diagnóstico más preciso en torno a la gestión menstrual.
    • El Ministerio de Salud de la Nación realizó la compra de 5.000 copas menstruales a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para ser distribuidas en todo el país, y para evaluar aceptabilidad, brindar asistencia técnica para consejerías y elaboración de materiales informativos específicos.
    • El Ministerio de Seguridad desarrolló un Programa de Gestión Menstrual para las cuatro Fuerzas Federales. Se impulsó un plan de entrega de copas menstruales para las agentes, capacitación en su uso y capacitación para personal femenino en salud y gestión menstrual, así como sensibilización para personal jerárquico sobre las implicancias del ciclo menstrual.
    • El Ministerio de Desarrollo Social implementó una línea de gestión menstrual dentro del Programa “Inclusión Joven” y una línea de financiamiento para experiencias cooperativas por parte de los gobiernos locales.
    • El Ministerio de Educación incluye la gestión de la menstruación como temática en diversas publicaciones para docentes y en una revista para púberes, en el marco del Programa de Educación Sexual Integral, de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, en articulación con el Ministerio de Salud.
    • En junio de 2021 se lanzó el Programa de Gestión Menstrual de AYSA, que contempla el pago de una suma mensual y la entrega de 1600 kits de productos de gestión menstrual sustentables para las personas menstruantes que trabajan en la empresa, junto con charlas y capacitaciones.[26]
    • ACUMAR en agosto de 2021 lanzó el Programa Integral de Gestión Menstrual, que tiene como objetivo generar acciones tendientes a que la población menstruante interna de ACUMAR, la población que habita dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo y la población menstruante empleada por Cooperativas que desarrollen sus tareas de limpieza y puesta en valor de los márgenes del río, puedan conocer las diferentes opciones existentes de productos de gestión menstrual, brindando información sobre las opciones reutilizables, sustentables, económicas y saludables.[27]

Como hemos mencionado, estas son algunas de las políticas, programas y medidas que se han llevado a cabo durante estos dos años. Es importante resaltar la transversalización de la perspectiva de género y diversidad sexual en la formulación de las políticas públicas, ya que esto nos permite conocer específicamente las necesidades, violencias, desigualdades y la discriminación estructural e histórica que atraviesan las mujeres y personas LGBTI+. Así como también incorporar una perspectiva territorial y federal que habilite la construcción de mayores capacidades estatales en las provincias y que comprenda las especificidades de cada uno de los territorios y sus comunidades.

Cabe señalar que la enumeración de cada política o programa dentro de un enfoque (asociado a la autonomía física, a las brechas laborales o de ingreso, a las brechas de cuidado, habitacionales, o de acceso a la salud) no es excluyente. Cada política puede impactar en más de una brecha, apuntando a aumentar la autonomía de mujeres y diversidades en más de un sentido. Por caso, la legalización del aborto significó un avance en materia de autonomía y toma de decisiones para las mujeres, al mismo tiempo que mejoró significativamente el acceso a la salud y tiene impacto desde el punto de vista de los cuidados.


4. Presupuestos con Perspectiva de Género: una apuesta por transversalizar la perspectiva de género a todo el ciclo presupuestario

Reconocer las desigualdades estructurales que atraviesan a mujeres y diversidades es reconocer, en última instancia, que las políticas públicas -y el gasto asociado a ellas- tienen un impacto diferenciado en tanto quiénes son beneficiarios y beneficiarias de ellas se encuentran en distintas situaciones socio-económicas atravesadas por el género.

En este sentido, el diseño de programas, la distribución de los recursos y las fuentes de financiamiento, son todas cuestiones que tienen impactos de género. Por ello, el presupuesto no es neutral al género y, por lo tanto, incorporar la perspectiva de género en todo el ciclo presupuestario se transforma en una herramienta clave para detectar y revertir los mecanismos de reproducción de desigualdades.

Así, los llamados Presupuestos con Perspectiva de Género (PPG) son una herramienta que incorpora la perspectiva de género -de manera transversal e interseccional- en todo el proceso presupuestario con el fin de cerrar brechas de desigualdad y promover la autonomía de las mujeres y diversidades. Los Presupuestos con Perspectiva de Género permiten, por un lado, cuantificar y visibilizar el esfuerzo de los gobiernos en materia de reducción de brechas de género, y, por el otro, brindar información con perspectiva de género para el rediseño de políticas públicas. Además, contribuyen a mejorar la eficacia de las políticas públicas y la transparencia en cuanto a la rendición de cuentas.

Si bien no existen recetas rápidamente aplicables ni fórmulas que garanticen su éxito, existen herramientas que permiten analizar y elaborar los presupuestos en clave de género. Las principales acciones llevadas a cabo en el mundo se basan en la identificación y análisis de programas con perspectiva de género, en la cuantificación del gasto de esos programas, en la evaluación y el rediseño de políticas con perspectiva de género.

En general, los ejes rectores de los PPG en Argentina y en el mundo giran en torno a:

  • Reconocer la desigualdad estructural económica y social de las mujeres y LGBTI+, en relación a los varones;
  • Reconocer el aporte del trabajo de cuidados no remunerado al sistema económico y productivo y promover el reparto equitativo de las tareas (entre géneros y entre el Estado, el mercado, los hogares y la sociedad civil);
  • Orientar recursos a reducir brechas de género (de tiempos y de cuidados, de ingresos, laborales, de salud y habitacionales);
  • Orientar recursos a aumentar la empleabilidad de las mujeres y diversidades en sectores masculinizados, mejorar la calidad del empleo;
  • Orientar recursos para erradicar las violencias de género;
  • Promover la participación de las mujeres y diversidades en ámbitos de toma de decisiones.

Es pertinente aclarar que los PPG no hacen referencia a presupuestos exclusivos para mujeres, ni a presupuestos que deben asignar la mitad de recursos a mujeres y diversidades. No aluden únicamente al presupuesto de las áreas de género ni se limitan al etiquetado de programas con perspectiva de género, sino que constituyen una herramienta fundamental del Estado para transformar la realidad en pos de la igualdad de género. Tampoco suponen necesariamente un incremento del gasto público, sino que se orienta a un uso más efectivo de los recursos existentes para reducir las desigualdades de género y con ello, mejorar la calidad del gasto público. 

En este sentido, es importante resaltar que existen otros factores que convergen hacia esa meta, como por ejemplo la mencionada política tributaria, las condiciones macroeconómicas y también la participación de las mujeres y diversidades en la toma de decisiones y, en este caso en particular, su participación, en todo el ciclo presupuestario y especialmente en jurisdicciones relacionadas con las áreas económico-contables que son por lo general sectores altamente masculinizados.

A nivel mundial, la elaboración de PPG tiene su origen con la experiencia australiana en 1984 y posteriormente, en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer celebrada en Beijing en el año 1995. Durante la misma, se dio un nuevo impulso a los presupuestos con enfoque de género en la agenda pública.Actualmente, más de 80 países han implementado presupuestos con perspectiva de género.

En Argentina existen valiosos antecedentes sobre análisis presupuestario con perspectiva de género. En los últimos 20 años se han multiplicado los trabajos, documentos técnicos, debates, aportes metodológicos, construcción de indicadores, visibilización de las desigualdades por motivos de género y de incidencia en la creación de políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género desde la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la Oficina de Presupuesto del Congreso (D’Alessandro et al., 2021).

A nivel nacional, se llevó a cabo el primer Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad en el año 2021[28]. Este análisis se realizó a través de la metodología denominada etiquetado, identificando aquellas actividades del gasto público que tienen un impacto positivo sobre la igualdad de género y asignándoles la etiqueta “PPGyD” (Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad). En el mismo se identificaron una totalidad de 55 actividades de 22 organismos que inciden en cerrar brechas de género. Estos organismos pertenecen a 14 Ministerios. En este sentido, al momento de su elaboración, el presupuesto asignado a dichas políticas alcanzaba los $1,3 billones de pesos, es decir, un 15,2% del presupuesto total y un 3,4% del Producto Bruto Interno.

Según el informe de Ejecución presupuestaria de actividades con perspectiva de género en 2021 elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto devengado de las actividades etiquetadas por el Poder Ejecutivo con la sigla PPGyD representó en 2021 el 17,4% del Gasto Total de la Administración Pública Nacional (APN). Con un incremento del 18% del crédito vigente para las partidas respecto del presupuesto original, su ejecución al 31/12/2021 fue del 99,8%.

Actualmente 15 provincias han realizado distintos avances en la construcción y/o implementación de PPG en sus territorios con diferentes abordajes metodológicos: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre ellas, Catamarca, Chaco, Chubut, la Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos cuentan con reconocimiento normativo de PPG.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, Chaco, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las provincias que mayores avances tienen en la cuestión. Las tres jurisdicciones están implementando la metodología de etiquetado y tienen apartados o informes sobre políticas con perspectiva de género que acompañan el Presupuesto.

En particular, desde CEPA -junto con los Ministerios de Igualdad, Género y Diversidad y Economía de la provincia de Santa Fe y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)- venimos trabajando desde el año 2021 en el diseño e implementación del Presupuesto con Perspectiva de Género de la provincia de Santa Fe. Hasta la fecha se han identificado 25 programas, entre aquellos considerados de género y los que poseen perspectiva de género. En este sentido, hemos utilizado la metodología de etiquetado basada en tres enfoques: enfoque de brechas, enfoque de autonomías (CEPAL) y enfoque de cuidados.

En el enfoque de brechas etiquetamos a los programas de acuerdo al tipo de brecha de género que contribuyen a reducir, esto es, de cuidados y de tiempo, laborales, de ingresos, habitacionales y de salud.

En el enfoque de autonomías etiquetamos a los programas de acuerdo al tipo de autonomía que contribuyen a fortalecer, entendiendo por autonomía a la capacidad de las personas de tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas. La CEPAL identifica cuatro tipos de autonomías: económica, física, en la toma de decisiones e interrelación de autonomías.

Por último, incorporamos el enfoque de cuidados para poder identificar aquellos programas que, aunque su objetivo principal no sea reducir las brechas de cuidados y de tiempo, tienen en cuenta en su diseño e implementación la desigual distribución de los cuidados. Por ejemplo, un programa de capacitación en oficios que incorpora un espacio de cuidados para niños y niñas democratizando el acceso al mismo.

La decisión de utilizar tres enfoques atiende al objetivo de transversalizar la perspectiva de género a todo el presupuesto y dotar de complementariedad a la metodología -en tanto permite que los programas analizados sean abordados a través de distintas aristas-.

Existen varios desafíos metodológicos en la implementación de PPG, como por ejemplo la necesidad de sensibilización a los agentes estatales que intervienen en todo el ciclo presupuestario para la identificación de los programas con impacto directo o indirecto en la reducción de brechas de género, así como también la disponibilidad de información oficial con enfoque de género.

En definitiva, uno de los objetivos principales es comprometer a los gobiernos para trasladar sus compromisos de equidad de género dentro de sus presupuestos y contar con insumos que permitan el rediseño de programas en pos de la igualdad de género.


Conclusiones

A dos años de iniciada la pandemia en Argentina - exactamente en marzo 2020 - y en coincidencia temporal con el transcurso de la mitad de la gestión de gobierno del Frente de Todos en el Poder Ejecutivo Nacional, este informe se ha propuesto prioritariamente diagnosticar y analizar impactos en el mundo laboral con perspectiva de género, con sus consiguientes brechas de ingresos y empleo, luego de una de las crisis más fuertes que ha padecido Argentina desde el año 2001. Seguidamente, los análisis tributarios con perspectiva de género son un enfoque novedoso para pensar la masculinización de la riqueza en tiempos de creciente desigualdad. Como tercer y cuarto bloque, el informe se ocupa de sistematizar un amplio abanico de políticas públicas fundamentalmente en el orden nacional que ha procurado abordar las distintas brechas existentes, en lo que refiere a las autonomías físicas, laborales, de ingresos, en el acceso a la vivienda y a la salud. Por último, los Presupuestos con Perspectiva de Género son una herramienta novedosa tanto a nivel global como en Argentina, que avanzan cristalizando cambios en los objetivos programáticos presupuestarios y etiquetados con enfoque de género, lo que revela que la meta de mayor igualdad debe acompañarse de recursos que sostengan los horizontes. La participación del Observatorio de Géneros de CEPA en el diseño e implementación de PPG en la provincia de Santa Fe (2021-2023) es una experiencia muy productiva que ha aportado una metodología específica a los efectos de llevar adelante esta tarea.  

Principales resultados:

PARTE 1: A DOS AÑOS DE PANDEMIA, LAS DESIGUALDADES QUE PERSISTEN

Desigualdades en el mercado de trabajo:

  • La tasa de desocupación general del mercado de trabajo continúa manteniendo un muy preocupante 8,2% al tercer trimestre del 2021 (último dato disponible de la Encuesta Permanente de Hogares). Sin embargo, este ha sido el nivel más bajo para un tercer trimestre de los últimos cinco años y se ubica 1,5 puntos porcentuales por debajo a los niveles pre pandemia (respecto al tercer trimestre de 2019). Cabe remarcar que, en el 2021, año posterior a la peor caída económica desde el año 2001, los guarismos de desocupación - de ambos géneros - son menores que en 2019 bajo el gobierno de Cambiemos.
  • Cuando se observa la tasa de desocupación según género, los valores indican que para las mujeres fue del 9% en el tercer trimestre del 2021, abandonando así los dos dígitos que supo alcanzar en 2018, 2019 y su punto más alto en 2020, y siendo el más bajo de los últimos cinco años. La disminución de la tasa de desocupación de las mujeres respecto al tercer trimestre de 2019 fue mayor que la de los varones, con una caída de 1,9 p.p. de las primeras frente a 1,2 p.p. por parte de los segundos.
  • Ahora bien,la diferencia en la desocupación abierta entre varones y mujeres se mantiene vigente como una desigualdad estructural, aunque con leves reducciones recientes. En el tercer trimestre de 2021 la brecha fue de 1,3 puntos (9% mujeres versus 7,7% varones), mientras que en 2020 fue de 2,5 puntos (13,1% desocupación en mujeres, versus 10,6% en varones) y en el tercer trimestre de 2019 fue de 1,9 puntos (10,8% mujeres versus 8,9% varones).
  • En efecto, buena parte del crecimiento del 2021 permitió la reducción de los niveles de desocupación, tanto en los varones como en las mujeres, siendo más sensible en estas últimas.
  • La tasa de desocupación en las y los jóvenes, durante el tercer trimestre de 2020(momento de pleno impacto de la crisis de la pandemia),fue del 23,1% y de 19,8% para mujeres y varones, respectivamente. En ambos casos significativamente por encima del nivel general de desocupación.
  • Para el año 2021 la recuperación económica permitió la reducción de la tasa de desocupación en las mujeres jóvenes, alcanzando el dato más bajo de los últimos cinco años. Al tercer trimestre de 2021, para las mujeres de 14 a 29 años la tasa alcanzó el 18% y para los varones 16,6%. Dada esta situación, se registró una disminución en el diferencial entre las tasas de desocupación de varones y mujeres, que pasó de una brecha de 3,4 puntos y 4,7 puntos en el tercer trimestre de 2020 y 2019 respectivamente, a una diferencia de 1,4 puntos en el tercer trimestre de 2021.
  • En materia de informalidad, la salida de la doble crisis generada por las condiciones macroeconómicas que dejó el gobierno anterior y la pandemia del Covid-19, implicó recuperación del empleo registrado y también del trabajo informal de forma heterogénea según género. En el caso de los varones,la tasa de informalidad se recortó con respecto a niveles pre pandemia (30,6% en el tercer trimestre de 2021 contra 34,2% en el mismo periodo de 2019). En las mujeres, este indicador volvió al mismo punto que en 2019, al registrarse un 36% de informalidad. En las mujeres, no solamente se sostuvo el nivel de informalidad, sino que se profundizó el diferencial entre la informalidad de varones y mujeres, ascendiendo de 1,8 puntos a 5,4 puntos.
  • Respecto de las brechas de ingreso en el 2021 se observa que, al igual que la tasa de informalidad, las brechas en el ingreso personal e ingreso por ocupación principal se mantuvieron en niveles similares a los del 2019. Al analizar los ingresos por ocupación principal (aquellos ingresos que corresponden a la actividad laboral principal) los varones percibieron un 25% más de ingreso que las mujeres.Esta brecha se profundiza a 28,4% cuando se observa el ingreso personal (ingresos laborales y no laborales como pensiones, jubilaciones, cuotas alimentarias, entre otros). Sin embargo, esta cifra es levemente inferior a la que se registraba en el tercer trimestre de 2019 (29%), lo cual se podría adjudicar a una mejora en el acceso a ingresos complementarios respecto al ingreso laboral para las mujeres.
  • La brecha de ingresos entre las personas asalariadas informales no solo se profundizó respecto al tercer trimestre del 2019 y 2020, sino que alcanzó el mayor nivel de los últimos 5 años. Los trabajadores informales varones perciben un 38,2% más de ingresos que las mujeres. En contraposición, la brecha de las y los asalariados formales es del 19,6%, manteniéndose en el mismo nivel de los últimos cuatro años y ubicándose en la mitad de la brecha informal. Sin convenios colectivos que amortigüen las brechas de género, y bajo el pleno arbitrio del mercado, las mujeres perciben menos ingresos que los varones en el mundo de la informalidad.

Brechas patrimoniales y de ingresos en clave tributaria:

  • El impuesto patrimonial a los Bienes Personales y el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas muestran la masculinización de la riqueza.CEPA ha publicado un informe pionero respecto de la estimación de los diferenciales de género en clave tributaria con datos al 2018 (CEPA, 2020). Los últimos datos, a 2019 (último año disponible), revelan que la cantidad absoluta de mujeres alcanzadas por el impuesto a los Bienes Personales sumó 167.870 casos aproximadamente. En términos absolutos el número representa la mitad de la cantidad de varones (que ascienden a 348.095). Es decir, en 2019, del 100% de las personas alcanzadas por el impuesto, el 32,5% corresponde a las mujeres y el 67,5% a los varones. Se evidencia una clara distribución asimétrica en la titularidad de los patrimonios según género. Si bien desde el 2009 dicha participación viene incrementándose (era del 26%), aún está lejos de resultar equiparable a la participación de los varones.
  • Esta distribución inequitativa se evidencia aún más si se considera el valor de los bienes en posesión de los varones respecto de las mujeres.Al año 2019, sobre el valor total de los bienes declarados, el 71,8% correspondían a los varones, mientras que las mujeres poseían el restante 28,2%, es decir que no solamente las mujeres son un tercio de las personas titulares del impuesto a los Bienes Personales, sino que además el valor de sus bienes es aún más bajo que ese tercio que representa su titularidad.
  • La AFIP publicó a mayo 2021 una desagregación de la recaudación percibida por elAporte Extraordinario de las Grandes Fortunas en clave de género. El aporte alcanzó a 10.000 contribuyentes, de ese total, un 74% fueron varones que aportaron además un 76% del monto final recaudado, alrededor de $177 mil millones. Esto quiere decir que 3 de cada 4 aportantes de Grandes Fortunas fueron varones y que además son ellos quienes poseen la mayor cantidad de patrimonio.
  • Los datos del Aporte de Grandes Fortunas abiertos por género permiten confirmar una suposición, difícil de comprobar con los números poco precisos de la EPH para el percentil 1:  los súper ricos en Argentina son hombres.
  • En lo que refiere al impuesto a las ganancias, y como reflejo de las desigualdades salariales en el mercado de trabajo, del total de presentaciones con ingresos gravados al año 2019, 271.171 corresponden a mujeres, apenas un 29,6% del total. Por su parte, los varones explicaron el 70,4% restante.
  • Al observar los ingresos sobre los cuales se tributa efectivamenteel impuesto a las ganancias, esta brecha se profundiza. De acuerdo a los datos fiscales de 2019, los varones explican un 76,1% del total de los ingresos gravados mientras las mujeres explican apenas un 23,9%.

PARTE 2: LA GESTIÓN PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: POLÍTICAS PARA TRANSFORMAR

  • Se han sistematizado y agrupado algunas de las políticas, programas y medidas que se han llevado a cabo durante estos dos años de gestión en cinco categorías, de acuerdo a las autonomías que tienden a fortalecer y a las brechas que buscan reducir, hallando un importante número de iniciativas en cada eje.
    • A. Programas y medidas asociadas a fortalecer la autonomía física de las mujeres y diversidades(Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022; Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género; Programa Articular; Programa Acercar Derechos (PAD); Programa Acompañar; Ley Micaela; Centro de Protección Contra la Violencia por Motivos de Género- PAMI).
    • B. Programas y medidas asociadas a reducir brechas de tiempos y cuidados(Programa de Infraestructura del Cuidado; Calculadora de Cuidados; Mapa Federal de Cuidados, Programa de Apoyo y Cuidados en Domicilio PAMI).
    • C. Programas y medidas vinculadas a reducir brechas de ingresos y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades (Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); Tarjeta Alimentar; Reintegros a compras; Refuerzo de la jubilación mínima con tres bonos; Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. 
    • D. Programas y medidas asociadas a reducir brechas laborales y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades(Programa Igualar; Programa Producir; Programa Registradas; Potenciar Trabajo; Ley Ramona; Programa Manta; Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins)
    • E. Programas y medidas asociadas a fortalecer la autonomía en la toma de decisionesde las mujeres y diversidades (Instrucción Presidencial dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional para altos cargos; ley que modificó el Impuesto a las Ganancias-Sociedades e incorporó la perspectiva de género en los beneficios otorgados para las deducciones de honorarios por parte de las empresas; resolución de la Inspección General de Justicia para integrar directorios paritarios - frenada judicialmente-).
    • F. Programas y medidas asociadas a reducir brechas habitacionales y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades(Programa Procrear; Programa Mi Pieza)
    • G.Programas y medidas destinadas a reducir brechas de salud y autonomía física (Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Ley 27.610); Programa de Vademécum de Medicamentos Esenciales Gratuitos; Políticas de gestión menstrual en distintos organismos)
  • En línea con lo anterior, desde CEPA retomamos la importancia de los PPG o los llamados Presupuestos con Perspectiva de Género, como una herramienta que incorpora la perspectiva de género -de manera transversal e interseccional- en todo el proceso presupuestario con el fin de cerrar brechas de desigualdad y promover la autonomía de las mujeres y diversidades. Los Presupuestos con Perspectiva de Género permiten, por un lado, cuantificar y visibilizar el esfuerzo de los gobiernos en materia de reducción de brechas de género, y, por el otro, brindar información con perspectiva de género para el rediseño de políticas públicas. Además, contribuyen a mejorar la eficacia de las políticas públicas y la transparencia en cuanto a la rendición de cuentas.
  • El gasto devengado de las actividades etiquetadas por el Poder Ejecutivo con la sigla PPGyD representó en 2021 el 17,4% del Gasto Total de la Administración Pública Nacional (APN).Con un incremento del 18% del crédito vigente para las partidas respecto del presupuesto original, su ejecución al 31/12/2021 fue del 99,8% (OPC, 2021).
  • Actualmente15 provincias han realizado distintos avances en la construcción y/o implementación de PPG en sus territorios con diferentes abordajes metodológicos: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre ellas, Catamarca, Chaco, Chubut, la Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos cuentan con reconocimiento normativo de PPG.
  • En particular, desde CEPA -junto con los Ministerios de Igualdad, Género y Diversidad y Economía de la provincia de Santa Fe y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)- venimos trabajando desde el año 2021 en el diseño e implementación del Presupuesto con Perspectiva de Género de la provincia de Santa Fe. Hasta la fecha se han identificado 25 programas, entre aquellos considerados de género y los que poseen perspectiva de género. En este sentido,hemos diseñado una metodología específica de etiquetado basada en tres enfoques: enfoque de brechas, enfoque de autonomías (CEPAL) y enfoque de cuidados. Es un aporte específico para trabajar hacia el futuro con la herramienta presupuestaria.

Bibliografía


Fuentes


Notas al pie

[1]IPI manufacturero, INDEC. El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mide la evolución del sector con periodicidad mensual y se calcula a partir de las variables de producción en unidades físicas, ventas en unidades físicas, utilización de insumos en unidades físicas, consumo aparente en unidades físicas, cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo y ventas a precios corrientes deflactadas.

[4]Ver Anexo Metodológico del Informe #8M: ENTRE LA AMPLIACIÓN DE BRECHAS Y NUEVOS DERECHOS (CEPA 2021) https://centrocepa.com.ar/informes/286-8m-entre-la-ampliacion-de-brechas-y-nuevos-derechos

[7]Se habla de aporte y no de impuesto porque su carácter es de emergencia y por única vez.

[8]Se han realizado estimaciones, utilizando EPH, sobre los ingresos declarados por el percentil 1 (el 1% de la población más rica), pero la EPH carece de solidez estadística a ese nivel, considerando que se trata de una muestra.

[18]Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género Fortalecer la recuperación económica con más igualdad.

[19]Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género Fortalecer la recuperación económica con más igualdad.

[23]Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género Fortalecer la recuperación económica con más igualdad. 

[24]Ley 27.610: ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO  https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239807/20210115h

[28]En el año 2019 se realizó una primera propuesta de etiquetado donde se siguió la metodología basada en los lineamientos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).


Autoras

Amy Paladín, Aldana Denis, Carolina Fernández, Julia Strada, Mariana Iñiguez, Maria Ruiz Elvira, Rocío Velarde, Romina Figuerola, Valentina Burke.

Este trabajo se realiza en el marco del Observatorio de Géneros de CEPA. Integrantes: Julia Strada, Alejandra Fernández Scarano, Eva Sacco, María Ruiz Elvira, Carolina Fernández, Valentina Burke, Mariana Iñiguez, Amy Paladín, Rocío Miranda, Rocío Velarde, Romina Figuerola, Aldana Denis, Bahía Luna, Cecilia Llabres, Débora Ascencio, Nayla Bosch, Malena Viu, Yanina Giménez, Jesica Aspis, Cinthia Gimenez, Gerónimo Arduso, Gabriela Cabanillas, Florencia Gabilondo, Dolores Castellá.


Registro bibliográfico

Informe CEPA N° 229, ISSN 2796-7166.


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