Análisis de la presentación del Jefe de Gabinete de Ministros en el Congreso de la Nación: un informe sin respuestas y con datos falsos

Publicado el 04 de Septiembre de 2024

En el día de la fecha, 4 de septiembre de 2024, el Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) del Gobierno Nacional de Javier Milei, Guillermo Francos, acudió a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para cumplir con la obligación que establece la Constitución Nacional:

Artículo 101.- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.

Transcurridos 8 meses del año 2024, en franco incumplimiento de la periodicidad que la propia Constitución establece, por primera vez el JGM acudió a la Cámara baja. Para esta ocasión, se solicita con anterioridad que los diputados y las diputadas envíen las preguntas que consideren pertinentes acerca de la gestión, en el marco de su rol como responsable de la administración general del país. Horas antes de la presentación del ministro, se pone a disposición de la Cámara, y de la ciudadanía en general, su informe de gestión, en este caso el número 140[1].

A partir del contenido de las respuestas, y de la presentación efectuada por Guillermo Francos, desde CEPA elaboramos el presente informe que consta de dos apartados. En el primero de ellos, nos proponemos desmentir un importante número de las afirmaciones realizadas por el ministro. En el segundo apartado, echamos luz sobre cuestiones que el gobierno se negó a responder.

1- Los datos económicos falsos

Datos de actividad económica

En línea con el relato que el gobierno de Javier Milei viene intentando construir en torno a la recuperación en forma de “V”, el ministro Guillermo Francos afirmó que la economía argentina se encuentra en proceso de recuperación y compartió algunos ejemplos, como el patentamiento de autos, los despachos de cemento o la faena bovina.

En el primer caso, Francos planteó un crecimiento en los patentamientos de autos en el mes de julio, en comparación con el mes de junio. Sin embargo, el ministro pareció desconocer que ya se encuentra disponible el dato de agosto, en el cual los patentamientos volvieron a caer con respecto al mes anterior (julio 2024). Además, el promedio de patentamiento de autos está 11,4% por debajo de lo que se ubicaba en 2023, tal como puede apreciarse en el gráfico 1.

En cuanto al ejemplo de despachos de cemento, el ministro celebró en su presentación una mejora en julio en términos intermensuales. Este planteo parece desconocer que el guarismo se ubica 14,5% por debajo de julio de 2023, constituyendo el peor registro de los últimos 4 años, y que sostiene a la actividad en un nivel significativamente más bajo.

Por último, en lo relativo a la faena bovina, Francos señaló que creció 15,7% en julio con respecto al mes anterior. Sin embargo, el dato oculta que se ubica 3,1% debajo de julio 2023 y que en el acumulado 2024 cayó 9,4% interanual. En relación a esta cuestión, la Bolsa de Comercio de Rosario indicó en julio que el consumo de carne vacuna podría ubicarse en 2024 en su peor nivel en 110 años (la serie mide desde 1914).[2]

Dato de evolución salarial

En relación a los salarios, el ministro Francos sostuvo que “por primera vez en mucho tiempo, los salarios le ganaron a la inflación”. Esta afirmación, también sostenida por el ministro de economía Luis Caputo, implica desligarse de la responsabilidad del gobierno en lo acaecido no sólo con los salarios, sino con los ingresos en general en el mes de diciembre.

Es decir, el gobierno de Milei no asume su responsabilidad sobre la inflación de 25,5% en diciembre de 2023, producto de las medidas de política económica tomadas a los pocos días de asumir: salto del tipo de cambio de 118%, ampliación del Impuesto PAIS e incremento de la alícuota de 7,5% a 17,5%, esquema de pago de importaciones en 4 cuotas (30, 60, 90 y 120 días) y la desregulación de amplios sectores de la economía como combustibles, alimentos y prepagas.

Si comparamos con la situación de los salarios en noviembre de 2023, en promedio se ubican 12,7% por debajo en junio de 2024, según los datos provistos por INDEC. A su vez, al interior del conjunto de trabajadores, la fragmentación es muy profunda: mientras que los salarios privados registrados perdieron 4,7% en este período, los salarios públicos cayeron 18,9% y a los no registrados se les recortaron prácticamente un cuarto sus ingresos (-24,8%).

Hacia adelante, la situación no es auspiciosa. A la par que desde el gobierno se deja trascender que no se homologarán paritarias por encima de 2% desde octubre, también le transmiten a los gremios de trabajadores estatales que no habrá aumentos de sueldos en lo que resta del año. El mismo 4 de septiembre, día de la exposición del Ministro Francos en el Congreso, el diario Clarín tituló en tapa: “Buscan que no hayan aumentos de sueldos en el Estado los últimos meses del año”, ratificando el sentido opuesto a la recuperación salarial esgrimida.

Como señalamos, los trabajadores estatales constituyen un sector crítico, que en promedio perdió 18,9% de sus ingresos entre noviembre de 2023 y junio de 2024, sumada a la inestabilidad para aquellos que no se encuentran en planta permanente y cuyos contratos están siendo renovados cada 90 días (a fines de septiembre vencen), causando enorme incertidumbre.

Dato de inflación

El ministro en su presentación también declaró que “la inflación minorista se movía con un alza del 1% diario en diciembre 2023”. Esta afirmación, va en línea con la que tantas veces ha repetido el presidente, cuando afirma que en diciembre de 2023 la inflación corría al 17.000% anual.

Sin embargo, si tomamos el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) que elabora el Banco Central a partir de las mediciones de las consultoras privadas, encontramos que en su edición de diciembre de 2023, publicada el 13 de ese mes en base a los datos relevados entre el 28 y el 30 de noviembre, es decir, previo a las medidas económicas anunciadas por el presidente Milei y su ministro Caputo, las consultoras estimaban 17,1% para diciembre.

Datos de empleo

Sobre la creación de puestos de trabajo, Francos sostuvo una afirmación que se escucha recurrentemente en la discusión pública: “el empleo no crece desde 2011”. Para desentrañar dicha afirmación, en nuestros informes de puestos de trabajo, “Análisis sobre la situación del empleo registrado privado”, cuya última versión es con datos a mayo de 2024[3], mostramos la evolución en el mediano plazo. Más precisamente, desde enero de 2012, que comienza la serie de SIPA elaborada por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hoy Secretaría.

En la afirmación sostenida por el ministro, se esconde justamente lo que sucedió al interior del período, en donde hubo etapas de crecimiento de empleo y de retroceso muy marcadas: mientras que en el segundo gobierno de CFK el empleo crecía (más de 185 mil puestos de trabajo), durante el macrismo se perdieron -punta a punta- casi 230 mil.

Pese a la pandemia, que continuó el sendero de destrucción de empleo, durante el gobierno del Frente de Todos se crearon 349 mil puestos (siempre refiriéndonos a trabajos registrados en el sector privado). Desde el comienzo del gobierno de Milei, ya se perdieron a mayo 123.123 puestos de trabajo, y se prevé para junio otra caída de 12.498 puestos.

Además, el ministro sostuvo que las políticas impulsadas por el Gobierno a través del DNU 70/2023 y de la Ley Bases, que encubren una mayor precarización laboral, permitirán revertir la tendencia de estancamiento del empleo.

Sobre esta cuestión, varios diputados y diputadas presentaron interrogantes en torno a la evidencia empírica que sostenía estas iniciativas. Sin embargo, en las 1.738 páginas del informe de gestión del ministro, no apareció ninguna evidencia, solo afirmaciones.

Por el contrario, la experiencia histórica en Argentina muestra efectos opuestos a los que el ministro dice querer alcanzar: mientras que en los períodos en los que se aplicaron políticas de flexibilización laboral aumentó la desocupación, cuando se aplicaron políticas que ampliaron los derechos de los trabajadores, se redujo la tasa de desocupación.

Datos de jubilaciones

El ministro Francos sostuvo que la fórmula atada al IPC “permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año y de casi el 6% con respecto a noviembre del 2023”.

Sin embargo, si analizamos la evolución de lo que perciben los jubilados de la mínima, el dato es que, en promedio, este trimestre cobrarán 13,5% menos que un año atrás.

A su vez, el JGM señaló que buscan “garantizar un sistema previsional justo y equitativo, donde los jubilados nunca más pierdan con la inflación”. En este punto, hay que señalar dos cuestiones: la falsedad y lo que se esconde.

Por un lado, no es cierto que la fórmula atada a inflación les impida perder capacidad de compra: en un contexto de inflación creciente, como los datos tienen un rezago de dos meses (por ejemplo, en septiembre las jubilaciones se actualizan por la inflación correspondiente a julio), los haberes podrían continuar perdiendo.

Por otro lado, se oculta el verdadero objetivo del gobierno: así como ya no pierden, tampoco podrán ganar. Las jubilaciones quedarán congeladas en su capacidad adquisitiva actual, que vista en términos históricos resulta muy baja. Si el gobierno lograra eliminar la inflación, las jubilaciones se mantendrán constantes, tal como sucedió en la década del 90.

Siguiendo con jubilaciones, Francos justificó el veto a la mejora en los haberes y le echó la culpa a la moratoria: “fueron incorporados al sistema contributivo millones de personas que no realizaron los aportes correspondientes. ¿Cómo no vamos a tener un sistema quebrado?".

Como sostuvimos en nuestro informe reciente, “La batalla por la movilidad jubilatoria: del aumento por Ley, al veto por Decreto de Milei”[4], en 2015, con 2,5 millones de personas ya incorporadas al sistema vía moratorias, el gasto contributivo de seguridad social había crecido a su máximo y era cubierto en más del 80% por la recaudación del propio sistema de la seguridad social, porque habían mejorado los salarios registrados, el empleo registrado y la recaudación. Por su parte, durante el menemismo y el macrismo, sucedió lo inverso: la relación empeoró por la merma de ingresos.

El debate en torno a la sustentabilidad no debe poner el foco en las moratorias, que son una política de reparación, sino que el foco debe estar en los ingresos. Lo que no es sustentable es un modelo económico excluyente como el que sostiene este gobierno.

2- Preguntas sin respuestas en el informe del JGM

Tanto en su presentación oral como en el informe de gestión remitido por escrito -de 1.738 páginas-, el JGM ocultó -o al menos omitió- una serie de datos de suma relevancia que fueron requeridos por diputados y diputadas de distintos bloques.

Se le preguntó al JGM acerca de quiénes habían intervenido en la redacción del DNU 70/2023 y en el proyecto de Ley Bases. Desde el Gobierno se negaron a responder excusándose en que son “actos materialmente legislativos”.

En el fondo, no quieren informar acerca de quién o quiénes participaron de lo escrito, seguramente porque no hayan sido funcionarios sino más bien abogados de los estudios jurídicos de las grandes empresas. Esto fue consultado en enero al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, en ocasión de su presentación en comisiones para exponer el proyecto: “¿Sabe o no quiénes escribieron el DNU y esta Ley Ómnibus?” le consultó el diputado Soria, “Yo no sé quiénes han sido los redactores de la norma, no tengo por qué saberlo ni tienen por qué consultarme”.[5]

Lejos de despejar las dudas, desde el Ministerio de Economía, en el estreno de su programa de streaming oficial[6], para hablar del blanqueo incluido en el paquete fiscal, invitaron a Liban Kusa, socio del estudio Bruchou y Funes de Rioja, cuyo nombre había aparecido registrado en uno de los tantos documentos borradores que circularon de la Ley Bases.[7]”

Le preguntaron por el alojamiento del presidente en el Hotel Libertador. ¿Cuánto costó? ¿Quién lo pagó? El gobierno de Milei no quiere contestar.

Desde la Cámara de Diputados se preguntó de dónde saldrían los fondos para pagarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que estableció la Corte Suprema de Justicia. La respuesta es que recortarán otras partidas, pero no dicen cuáles. ¿Le recortarán aún más a las provincias?

Múltiples preguntas giraron en torno a la afirmación de Caputo y las denuncias del diputado de UxP Sergio Palazzo en torno al traslado de lingotes de oro a Londres. Al igual que en el comunicado emitido por el BCRA, se niegan a dar precisiones:

Le preguntan al JGM Guillermo Francos en qué sectores se prevé crear empleo y cuántos, dada la enorme cantidad de puestos de trabajo perdidos (recordemos que entre trabajadores registrados privados y públicos se perdieron entre noviembre y mayo 160 mil, de los cuales 123.123 son privados). El Ministro contestó de manera vaga: dependerá de la expansión de la economía, pero que seguramente construcción, comercio y hoteles van a impulsar. Demuestra así que no hay un plan productivo que asegure trabajo de calidad para el conjunto de los argentinos.

En varios casos, le preguntan cómo van a regularizar la situación de la deuda con la provincia tal o cual por las cajas no transferidas a ANSES y la respuesta es que no mantiene deuda, lo cual es falso ya que la ejecución de este concepto fue 0 en 2024.

Se le preguntó al JGM acerca de las privatizaciones de empresas públicas: qué pasos se habían dado en relación a aquellas empresas autorizadas por la Ley Bases, así como los avances en la transformación en sociedades anónimas del total de empresas públicas (ordenado por el DNU 70/2023), pero tampoco contestaron.

Cuando se consulta por la obra del reactor nuclear CAREM, se niegan despidos y no se contesta por qué la obra suspendida -prevista por 60 días- no fue reactivada. Sin embargo, en el mismo documento presentado por el JGM, cuando presenta tablas sobre las variaciones de personal en los organismos y empresas públicas, se observa que la CNEA redujo su personal. El 22 de mayo Guido Lavalle, nuevo presidente de la CNEA dijo que la revisión era por 60 días[8], pero ya pasaron más de 90.

Le preguntaron a Francos en torno al informe que realizado por la consultora internacional Arthur D. Little para determinar la ubicación de la planta GNL, considerando que el Gobierno argumentó que la decisión de trasladarla desde la ubicación original (Bahía Blanca) a Rio negro, respondía a razones técnicas fundadas en el estudio de dicha consultora contratada por YPF. Desde el Gobierno habían informado que en dicho documento se concluyó que “Río Negro muestra mejores aspectos económicos para el proyecto, aun si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales”. Sin embargo, la respuesta del Jefe de Gabinete fue que YPF es una SA, el proyecto es privado y el Estado Nacional no interviene. ¿Por qué ocultan el informe? ¿Quieren esconder que fue una decisión política para castigar a la provincia de Buenos Aires?