El 12 de junio del 2018, el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne juntamente con el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, firmaban el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) por el cual solicitaban al Fondo Monetario Internacional la aprobación de un Acuerdo Stand-By por un período de 36 meses y por un monto de USD 50.000 millones, que es el equivalente a 35.379 DEG, la sigla que expresa los Derechos de Giro. Aquel acuerdo tenía carácter preventivo, ya que consistía en un desembolso inicial de USD 15.000 millones y el resto utilizable sólo de ser necesario en subsiguientes revisiones.

Desde el mes de marzo de este año el Gobierno confirmó aquello que se venía señalando desde diversas usinas económicas: la falta de sustentabilidad de su modelo económico. La imposibilidad de acceder a nuevas colocaciones de deuda luego de la gran colocación cercana a los 9.000 millones de dólares de comienzos de año (enero 2018) (1), junto con la posterior corrida cambiaria (2), aceleraron el retorno (“preventivo” en palabras del Ministro de Hacienda) a los programas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como sostuvimos en el reciente documento “Tocando Fondo” (3), el gobierno recurrió al organismo apelando a su carácter de prestamista de última instancia, procurando brindar señales y gestualidades hacia “los mercados” que calmaran la ansiedad tendiente al desarme de posiciones y posterior fuga.