Mujeres argentinas: entre la organización por la conquista de derechos y la profundización de las inequidades económicas

El 2018 constituyó un año de fuertes avances en la organización del movimiento feminista: mayor visibilización, reivindicaciones y demandas propias del colectivo de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Sin embargo, las desigualdades económicas siguen siendo un eje estructural de reproducción de las desigualdades de género en general. Es por ello que constituyen una de las grandes motivaciones que nos llevan a movilizarnos el próximo 8M de 2019, en el paro internacional de mujeres. El presente informe se propone sistematizar y actualizar a partir de las nuevas mediciones 2018 las principales desigualdades de género en la economía argentina a la luz de las transformaciones en la etapa reciente, proponiendo al mismo tiempo una agenda de políticas públicas. Este trabajo opera como continuidad del trabajo presentado un año atrás por el Observatorio de Género de CEPA: “Más precarizadas y con menores ingresos: la situación económica de las mujeres argentinas” (1).

La agenda de género del 2018 se enmarcó en el debate histórico sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la organización de las mujeres con relación al mismo, ley que no fue aprobada por 38 senadores nacionales. La visibilidad de la fuerza del movimiento feminista se vio reflejada constantemente en el masivo pañuelazo, el 2do paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, la conquista de la incorporación del Misoprostol en las farmacias por la aprobación de la ANMAT del uso de la droga para fines ginecológicos y las 50.000 mujeres organizadas en el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. La importante gravitación política que el movimiento feminista alcanzó en el 2018, además  logró la sanción de la Ley Micaela y el establecimiento del Registro Único de Víctima de Violencia de Género. Vale aclarar, que dichas conquistas se produjeron en un contexto de recorte y ajuste presupuestario.

Para el 2019, sólo el 0,1% del gasto público está destinado a reducir las brechas de género y todos los programas de asistencia a víctimas de  violencia habían sufrido drásticos recortes en términos reales. En este contexto, el foco de este informe se encuentra puesto en analizar la evolución reciente de la situación económica de las mujeres en tres dimensiones que se corresponden con la primera, segunda y tercera parte de este trabajo.

La primera analiza cómo el empeoramiento económico afecta a las mujeres trabajadoras. La segunda dimensión de análisis considera el elemento de la maternidad y la feminización de la pobreza. Y la tercera y última considera, a la mujer como consumidora: tanto con relación a la persistencia del denominado pink tax o impuesto rosa, como al encarecimiento de los productos de gestión menstrual y los asociados al ciclo reproductivo femenino.


Primera parte: las mujeres y el mercado de trabajo

Las mujeres y los varones tienen perfiles de inserción diferentes en el mercado de trabajo: las mujeres, tienen una menor tasa de actividad y trabajan menos horas en promedio que los varones, lo que tiene un efecto directo sobre los ingresos laborales. Mientras que la tasa de actividad masculina es de 69,5%, para las mujeres es de 49,1%. Según la encuesta de uso del tiempo de INDEC del año 2013, las mujeres dedican 38 horas semanales y los varones 47 horas al trabajo para el mercado.

Como contrapartida de la menor inserción de las mujeres en el trabajo remunerado para el mercado, se encuentra el denominado trabajo reproductivo que realizan en gran medida las mujeres. Como se describe en el informe de CEPA “Más precarizadas y con menores ingresos: la situación económica de las mujeres argentinas” realizado con motivo del 8 de marzo de 2018, las mujeres cargan con la mayor parte de las responsabilidades de orden doméstico, así como también la realización de tareas de cuidados de menores y adultxs mayores. Mientras que las mujeres en promedio dedican casi 46 horas semanales a tareas de cuidado de personas, limpieza y cocina, los varones solamente lo hacen un promedio de 17 horas, según surge de los datos de la encuesta de uso del tiempo de INDEC de 2013.

La desigual inserción laboral femenina limita el acceso a la generación de recursos económicos, lo que deriva en un problema sistémico para el conjunto del género femenino. Una de las maneras en que se manifiesta este fenómeno es en la persistencia de la denominada brecha de ingresos, que para el segundo trimestre de 2018 arroja que las mujeres ganan 25% menos que los varones. Pero las diferencias entre varones y mujeres al momento de insertarse laboralmente no se agotan en la desigual distribución del trabajo productivo y reproductivo. Las mujeres también tienen mayores tasas de informalidad laboral, lo que implica no solo menores ingresos, sino diferencias cualitativas en términos de derechos laborales y de acceso a cobertura jubilatoria a futuro. Además, la mayor dedicación al trabajo reproductivo en detrimento del productivo opera como limitante al crecimiento profesional de las mujeres, fenómeno que se conoce como “techos y paredes de cristal” y “pisos pegajosos”: las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en los niveles inferiores de las organizaciones y sub-representadas en los trabajos de mayor responsabilidad.

Otro de los factores que también tiene influencia sobre los menores ingresos percibidos por las mujeres en el mercado laboral se encuentra relacionado con el perfil de inserción diferencial entre unos y otras. Por un lado, las mujeres se insertan de manera más intensiva en las denominadas profesiones del cuidado: docencia, salud, y trabajo doméstico, reproduciendo en el mercado laboral la división sexual del trabajo que opera al interior de los hogares. Mientras que sólo 6% de los varones se dedica a estas actividades, entre las mujeres asciende a 32%. (CEPA, 2018). La investigadora y referente feminista argentina Valeria Esquivel, estudió -consistentemente con la evidencia internacional-, que tanto la feminización como el componente de cuidado de las profesiones afectan negativamente los salarios percibidos por lxs trabajadorxs.

Cabe destacar, que a partir de los resultados estadísticos arrojados del Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (2), el 59,1% de los casos registrados cuentan con información sobre la situación laboral de la víctima.  De ellos, el 50,4% corresponde a mujeres que manifiestan tener un empleo formal o informal y el 49,6% manifiesta no estar ocupada. Dentro de esta categoría se encuentra el trabajo no remunerado de los hogares, es decir que son mujeres que se dedican exclusivamente a tareas domésticas y de cuidados, y además este rubro también incluye a mujeres jubiladas, pensionadas y estudiantes, quienes constituyen un poco más de la cuarta parte.

Por lo tanto, se podría inferir que casi la mitad de los casos registrados que cuentan con dicha información, reflejan víctimas que dependen  económicamente en mayor o menor medida del agresor. Esto implica que la falta de autonomía económica de las mujeres, condicione o limite la posibilidad de independizarse o alejarse de la situación de violencia, y por lo cual es importante la presencia de políticas públicas en pos de evitar y desarticular estas dependencias.

La evolución reciente de las mujeres en el mercado laboral: desempleo e informalidad en el período 2015-2018

En el año 2018, el mercado laboral argentino reflejó la profundización de la crisis, tanto en términos de desocupación como de condiciones de trabajo. Comparando los segundos trimestres, entre 2015 y 2018 la tasa de desocupación se incrementó 3,1 p.p pasando de 6,5% a 9,6%. Las mujeres, cuya inserción en el mercado laboral determina mayores tasas de desempleo estructurales, llegaron a tener una tasa de desempleo de dos cifras llegando al 10,8% en el segundo trimestre de 2018.

Las mujeres jóvenes fueron las que experimentaron mayores tasas de desocupación. Entre 2015 y 2018 ésta se incrementó en 4,4 p.p, pasando de 14,9% a 19,3% en el período considerado.

En términos de informalidad, las mujeres también son las más afectadas. En un contexto de incremento en la informalidad experimentado en el período 2015-2018 (pasó de 33,10% a 34,20%), mientras que los varones mantuvieron niveles de informalidad cercanos a 31,80% las mujeres pasaron de 35% a 37,1%. Un incremento de 2,1 p.p equivalente a casi 90 mil mujeres con trabajos informales adicionales respecto de 2015, si se considera el total del Universo de la Encuesta Permanente de Hogares y, si se proyecta al total del país la suma asciende a150 mil.

Por otra parte, una de cada dos trabajadoras con empleo no registrado se inserta en el trabajo doméstico, actividad feminizada casi completamente, donde el 98% son mujeres. En este rubro, la diferencia entre formalidad e informalidad es determinante: entre las empleadas domésticas formalizadas, el 26% son pobres, mientras que entre las empleadas domésticas no registradas el porcentaje asciende al 48%. El salario por hora de las trabajadoras domésticas no registradas representa el 75% del salario por hora de las registradas (EPH-INDEC II-2017).

La brecha salarial: persistencia y evolución reciente

La ausencia de paridad en términos de ingresos constituye una de las principales desigualdades económicas que afecta a las mujeres. La misma es un fenómeno persistente, como puede observarse en elGráfico N°4. Cuando se observa la brecha de ingresos de la ocupación principal (laboral) en el largo plazo, es posible identificar una disminución de 11 puntos porcentuales durante la etapa previa, pasando del 33% al 22% en el período 2004 - 2015, con una contundente disminución durante los primeros años y un relativo estancamiento en la caída en la segunda mitad. Esta evolución está relacionada con la mejora de los indicadores macroeconómicos y particularmente aquellos asociados al mercado de trabajo (salario real, nivel de formalización e incorporación a convenios colectivos de trabajo, etc.). En 2017 la brecha obtenida por los ingresos diferenciales de la ocupación principal se ubica en 27%. Si bien en un período de corto plazo resulta difícil dar cuenta de tendencias de este tipo, el crecimiento de la brecha entre 2015 - 2017 permite prever que, en un contexto de desmejora macroeconómica, las desigualdades de género en los ingresos se profundizan. Asimismo, este hecho se visualiza para el periodo recesivo del año 2014. De cualquier manera, es posible concluir que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres por la ocupación principal se mantiene entre el 20 y 30% desde hace más de una década. Si se considera la brecha de ingresos personales, la evolución es similar, aunque con disminuciones menos pronunciadas porque incluye ingresos no – laborales, que no evolucionan necesariamente a la par del mercado de trabajo. La misma da cuenta de la existencia de desigualdades de género aún en los ingresos no vinculados directamente a lo laboral. Así, la brecha de ingresos personales disminuyó 6 puntos porcentuales entre 2004 - 2015, para volver ascender 3 puntos porcentuales hacia 2017.

Recientemente, para el segundo trimestre de 2018, si se consideran los ingresos de la ocupación principal (aquellos compuestos por la principal actividad laboral) la brecha se ubica en el 25%. Es decir, que las mujeres perciben ingresos laborales 25% más bajos que los varones. Pero aun cuando se consideran los ingresos personales (aquellos compuestos por la totalidad de los ingresos de una persona: ingresos laborales de la ocupación principal y secundaria e ingresos no laborales, como por ejemplo jubilaciones, pensiones, renta, cuota por alimentos, entre otros), la brecha entre varones y mujeres se ubica en el 26%. Es decir, que las mujeres perciben ingresos personales un 26% más bajos que los varones.

La tendencia a la baja en ambas mediciones durante 2018, parece ser contradictoria con las graves dificultades macroeconómicas que viene atravesando argentina desde el inicio de 2018. Sin embargo, vale aclarar que la caída de la brecha, aunque exprese una mejora relativa de las mujeres respecto de los varones, es consistente con un empeoramiento absoluto de los salarios reales de mujeres y varones. Por otro lado, tal como se muestra en el Gráfico N° 5, al observar la evolución diferencial de la brecha entre trabajadorxs registrados y no registrados, surge que la disminución de esta operó solo para los registrados y por el contrario en el caso de los no registrados se amplió de 34% a 35%.

Los promedios que muestra la brecha esconden que las mujeres con mayor vulnerabilidad laboral experimentaron tanto un empeoramiento absoluto de sus ingresos, como uno relativo en términos de género. Además, ese colectivo de mujeres está viéndose incrementado por el aumento de la informalidad laboral femenina (tal como se muestra en el Gráfico N°3) y la destrucción de puestos de trabajo registrado. Según los datos de SIPA procesados por el Ministerio de Producción y Trabajo, hacia diciembre de 2018 se produjo una caída en el total de trabajadorxs registrados del 1,5%. Por lo cual, las mejoras relativas de género que operaron en el mercado laboral en término de brecha durante el 2018 correspondieron solamente al mercado de trabajo formal sin percibirse un derrame sobre las mujeres con empleos informales. Por el contrario, en el mercado informal se amplió la brecha en paralelo a un aumento en el porcentaje de trabajadoras informales.

Cuando se observa la brecha de ingresos en el trabajo informal con respecto al trabajo formal en el largo plazo, queda de manifiesto la importancia del rol del Estado: mientras que entre lxs trabajadorxs registrados la brecha ronda el 20%, entre las y los informales la brecha se duplica, ubicándose en torno al 40%.

En definitiva, es posible identificar una correlación negativa entre la performance macroeconómica y la evolución de la brecha de ingresos entre varones y mujeres (mientras se formalizaba el empleo y crecía el salario real, la brecha disminuía) aunque, como se mencionó previamente, persiste un núcleo duro de desigualdad que se manifiesta en la existencia de una brecha superior al 20% durante todo el período bajo análisis, Así, la eliminación de la brecha de ingresos entre varones y mujeres exige la puesta en práctica de políticas públicas con perspectiva de género, que hagan hincapié en las causas de la inequidad salarial.

Con relación a las políticas públicas, cabe resaltar la importancia que tiene el estudio del mercado de trabajo con mirada de género para la elaboración y proposición de acciones efectivas al momento de mejorar las condiciones laborales y de ingreso de las mujeres. Uno de los principales mitos- y que sirvió de fundamento al proyecto de ley de equidad salarial propuesto por el oficialismo en 2018- en cuanto al origen de la brecha es que la misma se debe a que las mujeres perciben menor remuneración a igual tarea realizada por varones. Además de estar prohibido por ley, lo cierto es que esta per se no explica el fenómeno macro. Si bien es cierto que estos casos de discriminación existen, otros fenómenos resultan determinantes: la desigual distribución entre trabajo productivo y reproductivo, la mayor informalidad laboral y penalización de las profesiones del cuidado. Allí es donde deben apuntar las políticas públicas.

Penalidad en las profesiones de cuidado

La desigualdad salarial no es un factor asociado solamente a la cantidad de horas vertidas en el trabajo reproductivo o la informalidad laboral. Cuando las mujeres efectivamente se insertan en el mercado laboral formal tienden a concentrarse en profesiones asociadas al componente de cuidado: docencia, sanidad y trabajo doméstico. Mientras que sólo el 5% de los varones se insertan laboralmente en tareas de este tipo, el 34% de las mujeres se desempeña en estas áreas. Como puede observarse en el Gráfico N°9, esta relación es estable y desde el 2015 se mantiene prácticamente sin cambios.

Las investigadoras Valeria Esquivel y Francisca Pereyra, estudiaron las remuneraciones promedio horarias de lxs trabajadorxs argetinxs entre 2006 y 2015 y concluyeron que los trabajadorxs del sector de sanidad, docencia y domésticos tenían remuneraciones por hora inferiores a otras actividades similares, identificando una penalización del cuidado en este tipo de profesiones.

Para dar cuenta de este fenómeno, se realizó un relevamiento en los portales de búsqueda de empleo Bumeran y Computrabajo considerando 10 puestos laborales, 5 de profesiones sin carga de cuidado y 5 con carga de cuidado, pero con similares características y requisitos de expertice.  Dicho relevamiento ya  había sido realizado para el año anterior, obteniendo resultados similares.

En el caso de un contador/a, que requiere título universitario, la remuneración promedio horaria es de $210 según surge del Cuadro 1, mientras que un médico/a laboral, considerando que requiere el mismo nivel educativo, tiene una remuneración promedio de $188 por hora, lo cual constituye una diferencia del 12%.

En el caso de un/a chofer con estudios primarios completos y carnet profesional, la remuneración horaria es de $141, y para un/a trabajador/a que se dedica a la asistencia y cuidado de personas, y que requiere igual nivel de formación, la misma se reduce a $104. Asimismo, un/a ayudante de cocina obtiene por hora trabajada $99, cuando un empleado/a doméstico/a con retiro y medio turno,  que requiere formación primaria y un año de antigüedad, percibe una remuneración de $75 la hora. En ambos casos existe una diferencia salarial del 36% y el 32% respectivamente, en detrimento de las actividades con carga de cuidado.

Si comparamos un/a electricista profesional con dos años de antigüedad y secundario completo,  con un/a enfermero/a recibido/a (con título y matrícula), podemos ver que en el primer caso, la remuneración es de $151  y en el segundo es sólo de $143 por hora, lo que equivale a una diferencia del 6%, aun teniendo un requerimiento educativo superior

A partir de los casos relevados, además de confirmar la idea de penalización del cuidado antes mencionada, es posible concluir que en aquellas actividades que requieren menor formación, menor experiencia y en las que el salario promedio horario se ubica entre los más bajos, la diferencia salarial entre las que involucran carga de cuidado con las que no, es mayor que la que se presenta entre las actividades relevadas que implican un mayor nivel educativo.


Segunda parte: Hogares monoparentales y feminización de la pobreza

Si bien no existen diferencias tan significativas entre el porcentaje de mujeres pobres y varones pobres (32% mujeres y 30% hombres en base a INDEC-EPH, II-2017) el fenómeno de feminización de la pobreza aparece cuando se considera la maternidad, particularmente en aquellas mujeres que crían a sus hijos solas. Tanto la desigual distribución de ingresos, como de las tareas de cuidado se potencian en los hogares monoparentales donde una mujer está al frente. El 27% de los hogares argentinos con menores son monoparentales (cuando hace sólo 6 años eran 24%). De éstos,  el 84% tiene jefatura femenina. En total son casi 900 mil hogares, si se toman como referencia el universo cubierto por la Encuesta Permanente de hogares.

El mayor porcentaje de hogares monoparentales se da entre los deciles de menores ingresos, como muestra el Gráfico N°6. Se observa un incremento del número de hogares monoparentales en los deciles 1 y 2 en el 2018: pasaron de 34% a 37% en el decil 1 y de 26% a 29% en el decil 2.

Si bien los hogares monoparentales representan sólo el 27% de los hogares con menores, dentro de este universo el 66% son hogares pobres y el 60% de éstos tienen jefatura femenina.

A pesar de que los hogares con una mujer al frente son mayoría entre los hogares pobres con menores a cargo, el parámetro que se utiliza para cuantificar las necesidades básicas sigue siendo la familia tipo formada por un hombre trabajador, una mujer ama de casa y dos niños pequeños. Esto es poco representativo para los hogares monoparentales, ya que el hecho de que las mujeres carguen con todo el peso del cuidado de menores las deja en una posición desigual para la generación de ingresos y, además, se agrega un perfil de necesidades básicas adicionales. Estos hogares requieren del servicio de guarderías y/o niñerxs y tienen mayores costos logísticos, por las dificultades asociadas a la necesidad de congeniar el cuidado de menores con la generación de ingresos para sostenerlos.

Desde las políticas públicas, puede reconocerse la importancia que la Asignación Universal por hijo tiene para estas familias: el 47% de las mismas percibe la AUH como ingreso principal, en relación a los otros tipos de hogar. Sin embargo, una mirada de género sobre esta política pública debería incluir montos diferenciales para las madres jefas de hogar (y padres también aunque solo representan un pequeño porcentaje del universo) en virtud de los mayores costos que acarrean por la necesidad de conjugar el trabajo reproductivo y productivo y la informalidad laboral.

Como muestra el Gráfico N°8, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ocupa un rol preponderante en la economía de las mujeres de menores ingresos, ya que es percibida mayoritariamente por mujeres. El coeficiente de actualización de la AUH es el mismo que aquel que corresponde a las jubilaciones, por lo cual la misma crítica cabe en uno y otro caso: el cambio con la aprobación de una nueva ley previsional en diciembre de 2017 implica que la evolución y actualización de los haberes sea inferior a la que habría operado con la anterior Ley de Movilidad del año 2009.

Recientemente, y en el marco de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que alcanzó el 47,6% para el período 2018, se anunció el adelantamiento de la actualización del monto de la AUH previsto para 2019 a partir de marzo, pasando de $1.816 a $2.651. Dicha suba representa un aumento del 46%, valor por debajo de la variación de la inflación y de la canasta básica para dicho período.

Por último, cabe agregar y destacar que las desigualdades de género que afectan a las mujeres de menores ingresos no sólo se manifiestan como una mayor vulnerabilidad cuantitativa en términos económicos, sino que también implican diferencias cualitativas con relación al acceso real a derechos. Específicamente, en el contexto del año en que se discutió la legalización del aborto, finalmente no aprobada en la cámara de senadores, cabe destacar la vulnerabilidad en términos de derechos reproductivos que sufren las mujeres más pobres.


Tercera parte: Las desigualdades de género que enfrentan las mujeres como consumidoras

En base al Informe “Más precarizadas y con menores ingresos: la situación económica de las mujeres argentinas” publicado en 2018, reafirmamos la idea de que es posible examinar, cuantitativa y cualitativamente, distintos tipos de consumo entre mujeres y varones y sólo considerando el ciclo reproductivo de la mujer, existe una serie de costos adicionales que vale la pena considerar.

Según el relevamiento realizado en marzo de 2019, y sosteniendo el perfil de consumo a analizar, se consideró una mujer cuya menstruación se produce desde los 15, tiene dos hijos durante su vida fértil y a los 50 años tiene la menopausia. Durante toda su vida, menstruará 420 veces descontando tres años de embarazo y posparto. Sumando el valor de las toallitas femeninas, pastillas anticonceptivas y analgésicos tendrá un costo de $8.892 anuales o bien $296.475 a lo largo de su vida productiva. Asimismo, en la etapa de la menopausia y considerando el promedio de vida de la mujer, tendrá otros 35 años donde deberá afrontar el gasto de apósitos para pérdida de orina, remedios para la incontinencia, pastillas de calcio, además de algunos años más de hormonas, lo que implicará un gasto anual de $35.722 o de $1.266.576 durante los 35 años.

En este sentido, si comparamos lo datos relevados este año con los del 2018, se puede observar que ha habido una variación significativa en los mismos. En el caso de los correspondientes al periodo reproductivo, hay un aumento del 36% sobre el total anual y uno del 49,21%  sobre el total general.

Asimismo, la canasta de consumo de aquellas mujeres que se encuentran en etapa de la menopausia, en comparación con 2018, aumentó 287% sobre el total anual y un 265,9% sobre el total general.

Nos parece importante retomar el concepto empleado en el Informe 2018 de pink tax (impuesto rosa), el cual hace referencia al mayor costo que tienen algunos productos en su versión femenina. Del mismo surgió que  cuando se trató del mismo (o muy similar) producto con versiones orientadas al público femenino, el precio sobre el producto masculino o genérico representa entre un 5% y 100% más.

Un caso muy común es el de la marca de yogures y productos lácteosSER con propagandas fuertemente orientadas a las mujeres y un diseño femenino (aportan calcio para las mujeres en menopausia, mejoran el tránsito intestinal en “esos días”, son algunas de las temáticas de los spots). La diferencia entre la versión de SER y otra primera marca (SANCOR), también ligth llega a 41%. Estas diferencias no se limitan a los productos para mujeres adultas, sino que los orientados a niñas y adolescentes también vienen con pink tax. Por ejemplo, una mochila en telas rosa y violeta cuesta un 25% más que la misma mochila de similar tela y diseño aunque de color negro y rojo, colores que reproducen estereotipos asignados para varones y mujeres.


Conclusiones

  • El 2018 constituyó un año de fuertes avances en la organización del movimiento feminista: mayor visibilización, reivindicaciones y demandas propias del colectivo de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Paralelamente, 2018 fue un año en que la economía argentina sufrió una crisis económica que tuvo importantes efectos sobre el mercado de trabajo, las condiciones socioeconómicas y la economía real. Así las cosas, las mujeres argentinas transitaron un 2018 entre la organización por la conquista de derechos y la profundización de las inequidades económicas.
  • Durante 2018 se intensificó la desigualdad de género respecto al desempleo y la informalidad laboral.Las mujeres registraron tasas de desempleo de 10,8% (frente a 8,9% de los varones). Un incremento de 1,3 pp respecto de 2017 y de 3,1 pp respecto de 2015. Entre las mujeres más jóvenes de entre 14 y 29 años la tasa de desempleo trepó a 19,3%. Respecto a la informalidad laboral, el 37,1% de las mujeres en relación de dependencia trabaja sin registración laboral. Un incremento casi 1 p.p con relación a 2017 y 2,1 pp respecto de 2015. En cambio, para los varones el porcentaje se sostiene en 31,8%, no registrándose variaciones con respecto al periodo anterior.
  • Una manera de cuantificar las desigualdades económicas que afectan a las mujeres es la brecha de género en los ingresos. Si se considera la brecha de ingresos de la ocupación principal (vinculada a la actividad laboral), la misma se ubica en el 25% para el segundo trimestre de 2018, según los últimos datos de la EPH – INDEC. Incluso si se considera la brecha de ingresos personales (incluye ocupación principal, secundaria e ingresos como laborales como jubilación o renta) la brecha de género persiste ubicándose en 26%.
  • Cuando se considera la evolución de la brecha de ingresos por la ocupación principal en el largo plazo, se observa que entre 2004 y 2015 hubo una contundente disminución (11 puntos porcentuales) pasando del 33% al 22%.Este proceso está asociado a la mejora de los indicadores macroeconómicos en general y del mercado de trabajo en particular (salario real, nivel de registración, mayor cobertura de los convenios colectivos de trabajo. etc.). Hacia 2018, se presenta una tendencia a la baja  de la brecha, ubicándose en 25%, la cual parece ser contradictoria con las graves dificultades macroeconómicas que viene atravesando la Argentina desde el inicio de 2018. Sin embargo, vale aclarar que la caída de la brecha, aunque exprese una mejora relativa de las mujeres respecto de los varones, es consistente con un empeoramiento absoluto de los salarios reales de mujeres y varones.
  • Uno de los mitos en torno a la brecha de género es que la misma se debe a que las mujeres son peor remuneradas a igual tarea realizada por varones. Sin embargo, aunque esto pueda suceder en la práctica en algunos casos, no explica el fenómeno macro. Entre las principales causas de la desigualdad salarial, se encuentra la inequitativa distribución entre trabajo productivo y reproductivo (las mujeres dedican menos horas al trabajo remunerado porque deben atender al sostenimiento del hogar), lo que se refleja en la tasa de actividad: 69,5% es la tasa masculina y 47,1% la femenina.
  • En el universo de los trabajadorxs no registrados, la brecha en las remuneraciones no solo es más pronunciada, sino que a contramano de la tendencia general la misma se amplió entre el 2017 y el 2018: mientras que para el trabajo informal pasó de 35% a 34%, en el trabajo registrado pasó de 18% a 21%.En definitiva, las mejoras relativas de género que operaron en el mercado laboral en término de brecha durante el 2018 correspondieron solamente al mercado de trabajo formal sin percibirse un derrame sobre las mujeres informales. Por el contrario, en el mercado informal se amplió la brecha paralelamente a un aumento en el porcentaje de trabajadoras informales.
  • Un elemento central en la desigualdad salarial, que se suma a la desigual distribución de tareas al interior de los hogares y la mayor vulnerabilidad en la inserción laboral femenina, es la penalidad de las profesiones asociadas a tareas de cuidado. Según el relevamiento realizado en portales web de búsqueda laboral, las profesiones de la sanidad, docencia y servicio doméstico, fuertemente feminizadas y asociadas al cuidado, tienen peores remuneraciones horarias que otras profesiones con similares características en términos de formación profesional y experiencia laboral. Incluso, aquellas actividades que requieren menor formación, menor experiencia y en las que el salario promedio horario se ubica entre los más bajos, la diferencia salarial entre las que involucran carga de cuidado con las que no, es mayor que la que se presenta entre las actividades relevadas que implican un mayor nivel educativo.
  • El fenómeno de feminización de la pobreza se acrecienta en los hogares pobres con menores a cargo, entre los cuáles el 60% tiene jefatura femenina monoparental. Por el contrario, sólo el 34% de estos hogares tiene jefatura biparental y el 6% tiene jefatura masculina monoparental. En estos hogares con mayoría de mujeres a cargo, la AUH es central ya que el 47% la percibe como ingreso principal. Sin embargo, el haber viene perdiendo sistemáticamente su poder adquisitivo.
  • En cuanto al consumo, las mujeres contamos con costos diferenciales asociados al ciclo reproductivo de la mujer. Una mujer cuya menstruación se produce desde los 15, tiene dos hijos durante su vida fértil y a los 50 años tiene la menopausia deberá dedicar a lo largo de su vida y a valores actuales aproximadamente $1.600.000. En este sentido, si comparamos lo datos relevados con los del 2018, se puede observar que ha habido una variación significativa en los gastos mencionados, a nivel general de alrededor de un 177%.En el caso de los gastos correspondientes al periodo reproductivo, hay un aumento del 36% sobre el total anual y uno del 49,21%  sobre el total general. Asimismo, la canasta de consumo de aquellas mujeres que se encuentran en etapa de la menopausia, en comparación con 2018, aumentó 287% sobre el total anual y un 265,86% sobre el total general.
  • Por último, este informe continúa siendo realizado en base a un sistema binario de varones-mujeres implementado para la recolección de datos, que no nos permite hacer análisis desde la diversidad de géneros, sino desde una mera clasificación por sexo. Entre las políticas a implementar, corresponde sugerir la incorporación de estadísticas que nos permitan avanzar con el análisis de las desigualdades de género para seguir pensando qué otras políticas públicas pueden tender a un horizonte de equidad.

Anexo metodológico

Definiciones

Brecha de ingresos:

La brecha se calcula como la diferencia entre los ingresos promedio masculino y femenino expresado como promedio de los ingresos femeninos.

Los ingresos surgen de las encuestas de hogares relevadas por el INDEC. Según el tipo de ingreso considerado y el universo al que se refieren surgen diferentes brechas:

Brecha de ingresos personales: surge de considerar todos los ingresos laborales y no laborales que perciben las personas: salarios, jubilaciones y pensiones, rentas son ejemplos de ingresos.

Brecha de la ocupación principal: surge de considerar los ingresos de la ocupación principal de los activos. Incluye además de ingresos salariales, los ingresos de los cuentapropistas y demás remuneraciones de los activos ligadas a la ocupación principal.

Brecha salarial: surge de considerar los ingresos estrictamente salariales de los empleados en relación de dependencia (registrados y no registrados).

Brecha salarial horaria: surge de considerar los ingresos salariales de los empleados en relación de dependencia (registrados y no registrados) por hora trabajada.

Los diferentes cálculos de la brecha de ingresos muestran diferentes dimensiones de la desigualdad o inequidad. 

La brecha de ingresos personales, expresa el grado de inequidad en la distribución de los ingresos de las personas (sean activos, inactivos, empleados o rentistas) y, por lo tanto, es apropiada para analizar la desigual distribución del producto del trabajo (entendiendo el trabajo en un sentido amplio y no solamente en relación de dependencia) entre varones y mujeres.

La brecha de ingresos salarialesmide la desigual inserción de mujeres y varones empleados (registrados o no) en el mercado del trabajo y la brecha salarial horaria por su lado, sirve para analizar inequidades en la retribución del trabajo que no provienen de la desigual distribución de tiempo trabajado, ya que se controla por dicho factor.


Notas al pie

(1) https://centrocepa.com.ar/informes/43-mas-precarizadas-y-con-menores-salarios-la-situacion-economica-de-las-mujeres-argentinas.(2) https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/rucvm_03_18.pdf.


Autoras del informe

Alejandra Scarano, Débora Ascencio Eva Sacco, Florencia Gabilondo, Julia Strada y María Ruiz Elvira.


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